El exalcalde Juan José Corrales Montequín (PSOE) ya ha saldado la deuda que tenía pendiente con el Ayuntamiento de Siero. Acaba de abonar los 100.706,59 euros que le restaban por pagar de la condena impuesta por el Tribunal de Cuentas, a restituir de su bolsillo a las arcas municipales. Corrales pagó 692.912, 23 euros de más, de forma irregular, por una subida de salarios a los funcionarios entre 1999 y 2001.

De esta forma, según consta en la diligencia, con la entrega del cheque por ese importe se dan "por conclusas las cantidades a entregar por parte del señor Corrales Montequín al Ayuntamiento de Siero derivadas de la ejecución de la sentencia" aludida. Para hacer frente al pago, el exalcalde tuvo que disponer de su patrimonio personal, lo que obligó al embargo de sus bienes. Así que una vez el Ayuntamiento de Siero confirme al Tribunal de Cuentas el cobro de los 100.706,59 euros -de los cuales 64.613,40 correspondían a la cantidad principal y 36.093,19, a intereses- éste levantará el embargo que pesa sobre la finca en garantía de las obligaciones de Corrales.

El Tribunal de Cuentas condenó en 2009 a Juan José Corrales y al anterior regidor, José Aurelio Álvarez (PP), a devolver a las arcas municipales 747.717,78 euros. En concreto, a Corrales se le impuso un desembolso de 692.912 euros por pagos ilegales al personal del Ayuntamiento, al que se abonaron tanto retribuciones que excedían el límite máximo fijado en las leyes de Presupuestos, como ayudas económicas no previstas en la legislación. La Intervención municipal reconoció estas irregularidades y así lo denunció la Abogacía del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que declaró su nulidad y ordenó que se suspendiera su ejecución. Estas dos sentencias fueron firmes en 2005.

El conflicto por los pagos de salarios y prestaciones por encima de lo permitido por la ley enfrentó a los trabajadores municipales con el equipo de gobierno liderado por Corrales. Fue cuando estas dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias declararon nulos los acuerdos plenarios que aprobaron los incrementos salariales. Pero el equipo de gobierno de entonces no ejecutó la devolución del dinero, lo que provocó la intervención del Tribunal de Cuentas contra los dos regidores que habían firmado los acuerdos.

Los descuentos se comenzaron a aplicar en abril de 2008. Tuvieron consecuencias importantes porque obligaron al municipio a pagar intereses de demora, que repercutieron en los trabajadores,y, además, algunos empleados ganaron un pleito y fueron eximidos de la devolución.

Posteriormente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso de casación que presentó Corrales ante el fallo del Tribunal de Cuentas, y en enero de 2012 quedó exento de reintegrar los 602.259 euros, pero mantuvo que debería devolver 90.652 euros, correspondientes a gastos farmacéuticos y ayudas a las hipotecas para la compra de viviendas por parte de la plantilla.