Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Siero estudian si recurrirán o no las sentencias a favor de los afectados por las plusvalías del polígono de Bobes. El Consistorio perdió tres pleitos, porque el juez concluye que el proceso ha caducado, y ganó dos. Uno de ellos porque el demandante no cumplió el paso previo, antes de acudir a los Tribunales, de presentar una reclamación administrativa en el Ayuntamiento. Así que su petición fue desestimada por el juez. Así que, como la cosa no está clara, los servicios jurídicos aguardan a que se produzcan más fallos judiciales para decidir los siguientes pasos a tomar.
A principios de año se empezaron a girar los recibos para reclamar las mencionadas plusvalías. "No fue una decisión política, es legal", insiste el concejal de Hacienda, Alberto Pajares San Miguel. Hay unos 400 afectados y supondría unos 3 millones de euros de ingreso para las arcas municipales.
El proceso ha sido largo y farragoso. La plusvalía es un impuesto que se paga en suelo urbano cuando hay una venta, expropiación o herencia y se calcula en función del valor catastral del suelo. Los terrenos del frustrado polígono industrial de Bobes se expropiaron en 2009 -después de haber sido recalificados y pasar de rústicos a urbanos- y se establece un plazo de hasta cuatro años para el cobro. Después, prescribe. El Ayuntamiento, en el anterior mandato, exigió el pago de las plusvalías en 2013, pero los propietarios de las fincas protestaron y se movilizaron porque no estaban de acuerdo con el justiprecio al considerar que el suelo tenía más valor. Así que los alrededor de 400 afectados recurrieron a los Tribunales para reclamar lo que consideraban justo. El gobierno local de ese momento, con Eduardo Martínez Llosa (Foro) como Alcalde, trató de buscar una solución aplicando una bonificación de hasta un 75% al impuesto justificando que se trataba un caso de interés público. Pero la Intervención municipal determinó que esta rebaja no se podía aplicar con carácter retroactivo.
El concejal de Hacienda, Alberto Pajares, que ha heredado el asunto del anterior mandato, continúa explicando que en esa fecha se paró el proceso hasta que el Catastro determinara los valores resultantes de comparar el valor de ese suelo urbano con el justiprecio, pues antes esos terrenos tenían catalogación rústica. Por lo que al detener el proceso, entendieron que hay otros cuatro años para que el Ayuntamiento pueda liquidar el impuesto y, en consecuencia, prescribe este año. Tras contratar a un abogado especialista en el tema, este indicó que "hay que girar las liquidaciones". Así hicieron a principios de 2017.
"Expliqué la situación y que teníamos que cobrar las plusvalías, si un juez no decía lo contrario, a los alcaldes de barrio, a la plataforma y a los afectados", indica Pajares. Los propietarios fueron pagando, pero también denunciando la situación. Hasta la fecha hay cinco sentencias. Dos son a favor y tres en contra del Ayuntamiento. El juez argumenta la "caducidad del procedimiento" y en consecuencia, reconoce el derecho que tienen los demandantes a que les devuelvan lo ingresado en las arcas municipales, más los intereses. Cada parte pagará las costas judiciales.
