José Antonio L.A., el camionero de El Berrón al que le ocuparon la vivienda social en la que vivía de alquiler en la calle Picu Pienzu cuando se encontraba de viaje, acudió ayer los Juzgados de Siero a declarar. Según apuntó, ya lo hizo hace unas semanas la mujer que detuvo la Policía Nacional en marzo, tras la orden judicial de que abandonara el piso que ocupó ilegalmente. Se le acusa de un delito de allanamiento de morada.

El afectado mantuvo ante el magristrado su declaración inicial y también está citada otra testigo para que relate cómo ocurrieron los hechos que presenció. José Antonio L.A. explicó que "está pendiente la tasación" de las pertenencias y enseres que tenía en su casa y que le desaparecieron. Una vez que hayan estimado el valor de los objetos, se le reclamará ese dinero a la mujer que se instaló ilegalmente en su vivienda. En todo caso, el camionero perdió muchos recuerdos y objetos personales que lamenta que no podrá recuperar. "También está pendiente el juicio", indica. La mujer será acusada de allanamiento de morada.

Este episodio sacó a la luz pública el problema de okupas que hay en este edificio de la calle Picu Pienzu de El Berrón, pues varias personas han entrado a residir de manera ilegal en unas ocho viviendas sociales. Reconocen que el procedimiento habitual es pagarle a un individuo entre 300 y 400 euros para conseguir las llaves.

La empresa pública Vipasa, que es la propietaria de las viviendas, ha iniciado un proceso judicial para que estos pisos vuelvan a estar vacíos y sean ocupados de manera legal. Pero la Policía Nacional no ha recibido, de momento, ninguna orden judicial para proceder a más desalojos.