Un anuncio de televisión afirma que el producto que publicita es "el pan que lo aguanta todo". Con sólo cambiar una letra, tendríamos un resumen de cómo se encuentra ahora el sector de la minería del carbón, con un "plan que lo aguanta todo". El único parámetro del documento firmado por el Gobierno del Partido Popular con sindicatos y patronal que se está cumpliendo religiosamente es el de las prejubilaciones. Ni la producción de las minas, ni la generación eléctrica, ni las plantillas, ni los fondos adicionales para reactivación económica. Tampoco existe un nuevo incentivo para la compra de mineral autóctono por parte de las compañías eléctricas. Sindicatos, empresas y alcaldes de las zonas mineras llevan meses denunciando esta situación, sin que hasta el momento el Gobierno central haya hecho mucho caso. Con el Ejecutivo de Mariano Rajoy en funciones, parece difícil que la situación cambie a corto plazo. El propio plan, con sus cifras hinchadas en el papel -que no en la práctica-, ha sido rechazado por la Unión Europea, sin que hasta el momento esto haya sido subsanado.
El papel del Plan del Carbón lo aguanta todo. El documento establece que "teniendo en cuenta los datos históricos de generación eléctrica con carbón y la producción de mineral, se estima como suficiente una participación del carbón nacional del 7,5 por ciento del mix de generación". Una cifra que está lejos de cumplirse. En el año 2015, la generación de energía con carbón supuso el 20,3 por ciento del total. Estas cifras se alcanzaron gracias al aumento de las importaciones de mineral extranjero, 18 millones de toneladas de carbón, que se unieron a los exiguos 3 millones arrancados en España. De esta forma, apenas el 3 por ciento de la energía se produce con mineral autóctono. Menos de la mitad de lo previsto en el plan que lo aguanta todo.
¿Por qué no se produce la suficiente energía con carbón español? La falta de un incentivo a la compra de este combustible fósil, que sí existió en ejercicios anteriores, pero no en el año 2015, ha hecho que la adquisición del mineral autóctono se reduzca. Las empresas mineras no tienen a quién vender el carbón, dejan de producir, y al final, optan por ir a expedientes de regulación de empleo (ERE) y concursos de acreedores. Estar en esta situación impide acudir a la convocatoria de subvenciones estatales para la minería, por lo que se trata de un círculo vicioso que tiene con final la progresiva desaparición del tejido industrial minero. El planteamiento del Gobierno central para incentivar el consumo de carbón nacional -basando en inversiones medioambientales en térmicas- fue rechazado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Su informe no es vinculante, pero el Ministerio de Industria hizo caso del informe, y según ha denunciado el Gobierno del Principado, no hay ni nuevo incentivo ni otra alternativa para las empresas mineras. La anterior normativa que primaba el carbón fue llevada a los tribunales por las empresas eléctricas, pero al final la Unión Europea le dio la razón. Ahora, Industria ha pedido a la UE nuevas ayudas. Sin recibir una respuesta.
La producción de carbón sacado en España es otro de los parámetros del plan minero que está lejos de cumplirse. El documento calcula que las producciones en 2015 serían de 6.708.679 toneladas. De ellas, 2.723.617, en minas subterráneas, y 3.985.062, en cielos abiertos. La realidad es dura, y en el pasado ejercicio se sacaron apenas tres millones de toneladas, siendo la comunidad autónoma de Aragón la principal productora, seguida del Principado de Asturias. La difícil situación de la minería privada -es el eslabón más débil-, puesta contra las cuerdas por la falta de cumplimiento del Plan del Carbón, ha llevado a la comunidad autónoma de Castilla y León a tener menos protagonismo que otros años. Cuando se firmó el plan, eso sí, ya se contaba con la posibilidad de que hubiese desviaciones. La cifra de producción estimada es "orientativa", y según el papel podría "ser mayor, o menor".
Si no se vende carbón, tampoco se saca, y entonces, los trabajadores también disminuyen. El documento explica que "la evolución de personal seguirá una senda decreciente en línea con la producción, sobre todo de la minería subterránea, más intensiva en mano de obra que la de cielo abierto". Así, se estiman que a finales del año 2015 habría 4.911 trabajadores en el sector, 3.360 en las empresas matrices y el resto, en subcontratas. La realidad es que estas empresas auxiliares apenas aportan ya trabajadores por la crítica situación de las compañías extractivas, y son menos de 4.000 los empleados del sector.
La cuantía exacta de las subvenciones por sacar carbón no se recogen en el plan, pero sí se establece que, en 2015, los cielos abiertos iban a dejar de percibirlas. Así ocurrió. En la minería de interior, por su parte, se cumple con la regla establecida: 30 euros por tonelada en 2013, 5 euros menos cada año que pase, hasta llegar a 5 euros en 2018. En 2011, antes de la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno central, las empresas mineras se llevaron 301 millones. El año pasado fueron alrededor de 30. Las prejubilaciones mineras son otro de los parámetros del plan que se está llevando a rajatabla, contribuyendo de esta manera a la progresiva descapitalización humana del sector.
La reactivación económica es otra de las partes del documento que se está convirtiendo en papel mojado. A la retirada de los fondos mineros en 2011 -decisión que se tomó en el primer Consejo de Ministros de Mariano Rajoy- hay que añadir que de los 250 millones previstos en el Plan del Carbón para infraestructuras, "no se ha invertido ni un euro", tal y como han denunciado los alcaldes de zonas carboneras y miembros de la Asociación de las Comarcas Mineras (Acom). Sí que se están convocando las ayudas para la instalación de empresas (150 millones durante todo el plan), sin demasiado éxito. En la última convocatoria para toda España, de 40 millones, más de 21 se quedaron sin otorgar por falta de proyectos. Cinco millones fueron a parar a iniciativas asturianas.
