El proceso para liquidar la Hullera Vasco Leonesa, una de las empresa que fue referencia en el sector del carbón y con más de un siglo de historia, parece cada vez más complicado. La presentación por parte de los administradores concursales del plan de liquidación ha sido un duro varapalo para la plantilla, ya que a tenor de las exigencias estipuladas en el documento, será casi imposible que nadie opte a adquirir los grupos de interior. Y es que los administradores piden un aval de 72 millones de euros para quien quiera hacerse con los pozos de la compañía. La justificación es que hay que garantizar que si alguien adquiere la mina y quiere llevarla más allá de 2018, debe contar con el dinero suficiente como para hacer frente a la devolución de las ayudas impuesto por la UE. En la Vasco trabajan alrededor de 250 asturianos.
Tanto los trabajadores como los empresarios que estaban interesados en hacerse con los pozos de la Vasco Leonesa no dan crédito a la situación. Entienden que los administradores pretenden "achatarrar" la mina, porque si apostasen por su continuidad, no hubieran exigido este requisito que, por cierto, no se pidió en ningún otro proceso de liquidación (recientemente lo afrontó la empresa Coto Minero Cantábrico, hoy Asturleonesa).
Los administradores concursales presentaron en el Juzgado de Primera Instancia Número 8 y de lo Mercantil de León el plan de liquidación. El documento establece el aval de 72 millones de euros a cualquier empresa o persona que quiera adquirir los grupos de interior de la Vasco. Sin embargo, el aval para hacerse con el cielo abierto de la empresa, la gran Corta Pastora, es solamente de 6 millones de euros, debido a que las subvenciones recibidas desde 2010 por la producción en la mina de exterior han sido mucho menores, y para seguir abierta el 1 de enero de 2019, solo tendría que devolver esa cantidad. Fuentes consultadas señalan que la empresa Peal, que operaba el cielo abierto y con la que la Vasco tiene una deuda de más de 12 millones, parece la mejor posicionada para hacerse con la mina.
El comité de empresa entiende que esta medida es un ataque directo a la minería de interior, y que el único objetivo por el cual se ha puesto esta condición es el de desmantelar por completo los pozos. El comité, junto con sus representantes legales, ya estudian la presentación de un recurso al plan de liquidación, para lo cual tendrán 10 días desde la fecha de registro del documento en el juzgado. Es decir, que la próxima semana, el juez deberá tener ya sobre la mesa las alegaciones al plan, y tendrá argumentos suficientes como para tomar esta decisión. Hasta la fecha se había echo público el interés de dos empresas por asumir los pozos de la centenaria compañía leonesa. Por una parte, la Unión Temporal de Empresas (UTE), Unión Minera Asturiana, formada por empresarios de Madrid y Asturias. Por otra parte, la empresa Minarsa (Minas y Antracitas del Narcea), propiedad de Pedro Román López. Ambas compañías ya habían hablado con el comité de empresa, pero la situación ha dado un vuelco con la presentación del plan de liquidación.
Hoy administradores y comité de empresa tendrán una reunión para decidir si se prorroga el ERE temporal que afecta a toda la plantilla, o si se pasa a una situación de extinción de empleos.
