El PP de Mieres acaba de acusar al gobierno local de IU del "despilfarro" de 17.000 euros en un plan de reorganización de su plantilla de trabajadores. Suena a poca cosa si se analiza la estrecha relación que el Ayuntamiento ha entablado en los últimos años con conceptos económicos que bien podrían vincularse a términos como dispendio o derroche. Hasta 7,7 millones ha salido de la tesorería local para pagar sentencias judiciales y proyectos a lo que no se ha sacado ningún rendimiento.
Los Juzgados han infligido al Ayuntamiento de Mieres un duro castigo en los últimos años. De hecho, durante éste y el pasado mandato se han pagado hasta 3,5 millones de euros por culpa de sentencias desfavorables relacionadas con viejos contenciosos. Goncesco acaba de recibir algo más de tres millones de euros por la por la expropiación forzosa de tres fincas urbanas recalificadas hace treinta años, en época socialista. Además, se han pagado igualmente indemnizaciones a la constructora OCA (309.896 euros) y a los vecinos afectados por el contencioso urbanístico de la calle Degaña (181.922 euros).
El llamado "caso Goncesco" escenifica a la perfección como una decisión política enmarcada dentro de una inadecuada planificación urbanística puede acabar saliéndole muy cara a los ciudadanos. Todo arrancó con la expropiación forzosa de tres fincas urbanas recalificadas en 1982 como suelo para equipamientos comunitarios en contra de los intereses de la constructora. De esta forma, cualquier proyecto residencial quedó bloqueado. La Ley del Suelo de 1976 establece, en estos casos, que si la administración competente no desarrolla ningún proyecto en el plazo de cinco años el propietario tiene derecho a solicitar que se le expropien lo terrenos. Eso hizo el Grupo Goncesco en 1991. Tras un largo pleito, la justicia le ha dado la razón a la promotora.
También se han perdido juicios en el ámbito laboral. Por un lado están los 114 trabajadores fijos de plantilla que han reclamado judicialmente los complementos que el gobierno local de IU retiró al principio del pasado mandato para reducir la pesada carga de las nóminas municipales. Por otro, las indemnizaciones a los trabajadores del plan de empleo de 2015, que también denunciaron judicialmente al Ayuntamiento tras realizar tareas propias del personal fijo municipal percibiendo por ello sueldos sensiblemente inferiores. En total, 1,7 millones de euros.
A los juicios perdidos hay que sumar proyectos a los que no se ha sacado ninguna rentabilidad. En este caso, Turón ejerce una influencia gravitatoria. En los últimos años se han invertido en la zona 2,2 millones en equipamientos que, hasta la fecha, no se han rentabilizado. De hecho, ni se han estrenado. Se trata de la nueva perrera de Polio, del edificio de servicio múltiples de la Ciudad del Tenis y de las reformas de los pozos San José y Santa Bárbara. El Ayuntamiento adjudicó en 2009, con el PSOE, la reforma integral del pozo San José de Turón. La actuación costó 931.326 euros. Las instalaciones, desde entonces, lo único que han hecho es deteriorarse. No hay proyecto de uso. Además, la actuación ha dejado un "pufo" en las arcas municipales, ya que la obra debería haber sido sufragada por el Principado a través del plan complementario de las Cuencas, pero el dinero nunca llegó. El pozo Santa Bárbara se reformó hace ya más de un año, con IU. La actuación incluyó la reforma de dos castilletes, la sala de compresores y el pozo de ventilación. Tuvo una financiación de 662.483 euros, aunque había salido a la mesa de contratación por algo más de un millón de euros. De momento se desconoce la utilidad que tendrá. En Turón, no solo se ha reformado sin planificación previa, también se han construido nuevos equipamientos que nunca han sido utilizados. Así, Mieres destinó en 2009, con el PSOE, a la construcción de una perrera en La Cabana algo más de 400.000 euros correspondientes al denominado "Plan E". Cincos años después, tras una sentencia que obliga a derribar parte del inmueble, el gobierno local ha renunciado a su apertura. Está sin estrenar también el edificio de servicios múltiples de la parcialmente fallida Ciudad del Tenis de La Riquela, que costó 213.518 euros.
Hospital
Unas veces el dinero se evapora y otras no se materializa. El gobierno local de IU lleva tiempo reclamando al autonómico alrededor de 900.000 euros. La cifra sale del desfase entre el gasto que ha supuesto la mejora de los accesos al Hospital Álvarez Buylla y la condonación que su momento se hizo de la licencias de obra a cambio precisamente de garantizar una actuación en las conexiones. Es decir, en su momento el Ayuntamiento "perdonó" pagos por valor de algo más de 1.200.000 euros y a cambio ha disfrutado de un proyecto valorado en poco más de 200.000 euros. Por si todo estos fuera poco, otro pufo merodea las arcas municipales. La compañía E.On -hoy denominada Viesgo- pide 2,9 millones de euros al consistorio como resarcimiento por el derribo de la subestación eléctrica de la Mayacina, autorizada por el PSOE.
