El infierno del arrendador

Un matrimonio de Mieres que vive con 700 euros de pensión denuncia que sus inquilinos no le pagan el alquiler y le originan gastos de 200 euros mensuales

23.04.2016 | 06:35
El barrio de Santa Marina, en Mieres, donde se encuentra la vivienda arrendada.

"Queremos que la gente conozca lo que nos está pasando para que no lo sufran ellos, ya que nosotros estamos atravesando un auténtico infierno, una situación totalmente injusta que nos consume día a día". Quien tan desconsoladamente así se expresa es un matrimonio de Mieres que roza los setenta años. Él se jubiló hace unos años tras estar toda la vida al frente de un modesto taller y ella siempre ha sido ama de casa. Viven con una pequeña pensión de 700 euros, que hasta hace poco les servía para llevar una vida, sin lujos, pero lo suficientemente cómoda como para ser felices y poder, de vez en cuando, darse el capricho de salir juntos a tomar un café o un vino. Ahora ya no pueden hacerlo. No llegan a fin de mes. Y todo por alquilar una vieja casa heredada a un joven que les está "llevando a la ruina".

El matrimonio prefiere mantener su identidad en el anonimato para evitar más problemas con sus inquilinos y que, "al final, no acabemos agredidos o incluso denunciados por algo". Están desesperados. Su drama empezó en octubre. El matrimonio decidió alquilar un piso que habían heredado hace unos años en el barrio de Santa Marina. Pusieron un anuncio y fijaron una renta de 250 euros: "Pensamos que así conseguiríamos un pequeño ingreso extra, unos cien euros al mes después de pagar la luz, el agua y la comunidad". A los pocos días se interesó por la casa un joven del concejo. No vieron en principio nada sospechoso en el amable soltero y acudieron a una asesoría local para rubricar el contrato de alquiler. La alegría inicial duró poco.

En noviembre, sólo recibieron una parte del alquiler y, a partir de ahí, nada. Pero el problema no se centra sólo en la pérdida de ingresos. "Cada mes nos llega una factura de la luz de más de 200 euros y además tenemos que pagar la comunidad y el agua". Al final, de unos ingresos limpios previstos de 100 euros han pasado a un desembolso mensual de 300. Una fortuna para quien vive de una pensión de 700.

Además del grave perjuicio económico, este matrimonio ha venido recibiendo constantes quejas de los vecinos del edificio por los ruidos y mal comportamiento de sus inquilinos: "Poco a poco han ido entendiendo que no es culpa nuestra y que somos víctimas, pero al principio pasamos malos ratos". El matrimonio hace tiempo que dejó incluso de ir por la vivienda, ya que no ven manera de hacer entrar en razón a sus ocupantes. En plural, ya que ahora son varios los jóvenes que habitan en el domicilio.

La pareja de jubilados, asesorada por sus familiares, no se ha quedado viendo pasar el tiempo y decidieron tomar medidas. Reclamaron judicialmente el desahucio del inmueble. Desde entonces han pasado cuatro meses y siguen esperando. "Sentimos rabia, impotencia e incluso vergüenza, nos sentimos impotentes y ya no sabemos qué hacer", aseguran al borde del llanto. Hace tiempo que han dejado de salir a tomar el café. No les llega la paga. "Es injusto estar toda una vida trabajando para luego tener que estar pagando los gastos a gente joven, en edad de trabajar, sin que la justicia haga algo para atajar esta gran injusticia", señalan.

A la espera de que el juzgado les devuelva su piso, el matrimonio afectado es la sombra de lo que fue. Su familia asegura que han dado "un bajón" considerable. Ella incluso ha sufrido problemas cardiacos: "Lo sentimos un mucho por los vecinos del portal, que son gente muy mayor y lo están pasando también mal". Ahora esperan que el proceso de desahucio no se alargue aún más en el tiempo. En pleno infierno, piensan en los demás: "Queremos que la gente mayor, como nosotros, extreme las precauciones si decide alquilar un piso".

En su caso, han podido contar incluso con otras personas que han sufrido su mismo drama con el mismo grupo de jóvenes. Según parece, son los terceros propietarios afectados por sus prácticas. "No sabemos qué se puede hacer, pero estaría bien que los ayuntamientos contasen con un registro de morosos para que se pudiera consultar en estos casos".

Al final de la pensión de 700 euros conseguida con el trabajo de toda una viven el matrimonio y un grupo de desconocidos, cuyo número no es fácil cuantificar, que han montado en Santa Marina su "spa" particular. Mientras la pareja de jubilados arrastra su pena y frustración pendiente de una llamada del juzgado que nunca llega.

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