10 de septiembre de 2016
10.09.2016
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El juez inicia el trámite para abrir juicio oral al alcalde de Aller y a su antecesor

David Moreno y Gabriel Pérez Villalta se enfrentan a una acusación por prevaricación en la concesión de subvenciones a una asociación deportiva

10.09.2016 | 09:30

El titular del Juzgado número 2 de Instrucción de Lena acaba de iniciar los trámites para la apertura de juicio oral contra el alcalde de Aller, David Moreno Bobela, y su predecesor en el cargo, Gabriel Pérez Villalta, por una supuesta prevaricación continuada. El delito se habría producido por la concesión de subvenciones a la asociación constituida para la prestación del servicio de actividades deportivas en Moreda. El magistrado ha dictado un auto en el que da un plazo de diez días tanto a la Fiscalía como a la acusación particular, en este caso el PP de Aller, para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Según ha podido saber este diario, el regidor allerano y su antecesor ya han apelado contra el auto.

La actual situación se deriva de una denuncia presentada por los populares alleranos en la Fiscalía del Principado de Asturias, al entender que había prevaricación y malversación de fondos en la concesión de las citadas subvenciones. La malversación, sin embargo, quedó descartada.

Los hechos se remontan al año 1996. El auto, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, está basado en la denuncia del fiscal. El texto recoge que en diciembre de 1995 se constituyó la Asociación para la Enseñanza y la Promoción del Deporte en Aller, un colectivo creado para dotar de actividades deportivas al polideportivo de Sotiello, que carecía de ellas. El escrito explica que en febrero de 1996, Pérez Villalta, entonces Alcalde, concedió la primera subvención a la asociación para "atender a gastos de constitución y desarrollo de actividades deportivas del mes de enero". En marzo de ese mismo año, se suscribió un convenio entre el Ayuntamiento y la asociación, que tendría validez hasta septiembre, y que sería prorrogable. En noviembre, se firmó un nuevo convenio con un año de validez, que también era prorrogable. El escrito explica que desde esa fecha no consta ninguna prórroga o un nuevo acuerdo entre las partes.

El fiscal, en su denuncia, señala que desde marzo de 2005 hasta junio de 2011, en el caso de Villalta, y entre julio de ese año y febrero de 2014, en el caso de David Moreno, ambos "dictaron resoluciones mensualmente concediendo subvenciones a la asociación a sabiendas del carácter injusto y arbitrario, pues no se cumplían ninguno de los requisitos legales". Apunta además el auto que ambos "habían sido advertidos de ello por los continuos reparos planteados por la Secretaría y la Intervención". También se destaca que "no se efectuó ninguna convocatoria pública para la subvención y tampoco se acreditaba el cumplimiento de los supuestos requisitos para la concesión directa de subvenciones exigidos en la Ley".

En los fundamentos de derecho del auto, el juez de Lena, Juan Bosco Rite entiende que los hechos "pudieran ser constitutivos de un presunto delito de continuado de prevaricación". A su vez, descarta realizar nuevas diligencias que solicitaba la Fiscalía, al entender que "consisten en ratificaciones del informe de intervención".

En la parte dispositiva del auto, el juez insta a continuar con la tramitación de las diligencias previas y otorga un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares "para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa". También deja la puerta abierta a que excepcionalmente se pida la práctica de diligencias complementarias.

El juez Juan Bosco Rite también daba la oportunidad a los denunciados de impugnar el auto en el plazo de tres y cinco días. Según ha podido saber este diario, tanto Gabriel Pérez Villalta como David Moreno han hecho efectiva esa apelación en tiempo y forma.

Consecuencias

La apertura de juicio oral al actual alcalde de Aller podría tener graves consecuencias políticas. Y es que precisamente ese proceso, el juicio oral, es la línea roja marcada por la Federación Socialista Asturiana para sus regidores. En el caso de que finalmente el magistrado decida sentar a Moreno Bobela en el banquillo, el PSOE le instaría a dimitir de todos sus cargos. Una situación parecida a la que tuvo que afrontar el ex alcalde de Pravia, Antonio de Luis Solar, también socialista, cuando fue denunciado por el "caso de los parquímetros", del que finalmente fue absuelto tras la celebración del juicio.

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