La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies y la asamblea de Vecinas contra el AVE denunció que las empresas que están encargadas de las obras de la Variante de Pajares en la vertiente asturiana han sido objeto en los últimos años de al menos 67 expedientes sancionadores por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. De ellos, 42 han sido por vertidos ilegales y 25 por otras infracciones de la Ley de Aguas. Las empresas expedientadas son las que forman las UTES de la Variante. "Entre ellas destacan algunas como SACYR, FCC, Acciona, Ferrovial y Constructora Hispánica", afirman desde la coordinadora.
En total, las multas y sanciones impuestas alcanzan los 969.620,54 euros. A los que habría que añadir, tal y como denuncian los ecologistas, los expedientes sancionadores que puedan haber tenido en León, así como las sanciones de otros departamentos de la administración como la Consejería de Medio Ambiente o la de Desarrollo Rural.
El número de expedientes "es tan elevado, y la cuantía de las sanciones -muchas de ellas graves- es tan alta, que creemos que la actitud de las empresas podría merecer reproche penal por atentar de forma reincidente y continua contra el medio ambiente". Las denuncias que dieron lugar a esos expedientes partieron tanto de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico como de los vecinos de Lena, la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies y otros organismos.
Además, los ecologistas apuntan que "estamos convencidos de que hay otros muchos vertidos que no pudieron ser detectados por la dificultad de probarlos, por eso estos expedientes son sólo la punta del iceberg y son una prueba del altísimo impacto ambiental de las obras de la Variante, así como un anticipo de lo que podría ocurrir si las obras del AVE continuasen en el futuro hasta Oviedo y Gijón".
También destacaron desde la coordinadora que estas obras "han supuesto un trasvase ilegal e indeseado de agua desde la cuenca del Duero a la del Cantábrico, al desviarse hacia la cuenca del río Caudal recursos hidrológicos de los acuíferos afectados por las obras que antes alimentaban los ríos de León".
"Tristemente se constata que a las constructoras les resulta más rentable el pago de sanciones (en las pocas ocasiones en que les pillan in fraganti) que cumplir con la normativa medioambiental", destacan. Por ello, la coordinadora pide que las medidas sean más severas y la realización de estudios de impacto ambiental independientes. "Estos estudios deberían considerar el impacto del trazado en su totalidad (y no de pequeños tramos) para poder evaluar su impacto real", apuntan.
Ante este panorama, tanto la coordinadora como la Asamblea de Vecinas contra el AVE reiteran su petición de que "se abandone definitivamente el proyecto del AVE en Asturias, que en nada beneficia a la población, se restaure el medio ambiente afectado y se sancione proporcionalmente al daño infringido a las empresas contaminantes, destinando los recursos económicos a mejorar los servicios de cercanías y media distancia actualmente existentes".
