Hunosa ya ha cobrado 8 de los 46 millones que el empresario leonés adeuda a la hullera pública por el caso del carbón desaparecido. La compañía estatal, gracias a un nuevo mandato de pago dictado por el juez, ha logrado recuperar 3.356.477 euros, que se suman a los 4,7 percibidos con anterioridad. A pesar de este último cobro, Hunosa ha denunciado ante el juez una estrategia por parte de Alonso para no hacer frente a los pagos pendientes, transfiriendo propiedades de Uminsa a otra empresa, Prosimet. Según el informe del administrador de Uminsa, la solicitud de liquidación de la compañía incluye disposiciones para transferir bienes por valor de 18,9 millones.
El almacén estratégico fue una iniciativa adoptada por el Gobierno central en el año 2009. Ante la parálisis en la compra de mineral autóctono por parte de las térmicas, el Ejecutivo encomendó a Hunosa la adquisición y custodia del carbón para evitar el colapso de las minas privadas. El mineral se depositó en las instalaciones de empresas de Victorino Alonso, pero Hunosa detectó en 2012 la desaparición de 578.000 toneladas de mineral y llevó el caso a los tribunales.
Las distintas sentencias judiciales especificaron que dos empresas propiedad del magnate leonés debían indemnizar a la hullera pública. Unión Minera del Norte (Uminsa), debía abonar 28 millones por el carbón desaparecido y 8 millones en intereses y costas. Coto Minero Cantábrico (CMC) debía pagar 18 millones más, una cantidad que también podría verse aumentada por los intereses y las costas judiciales.
Hasta ahora Hunosa ha cobrado 8 millones. Sin embargo, teme una estrategia de Alonso para evitar el pago del resto del dinero. El juzgado de Instrucción número 3 de León admitió a trámite, a principios de este mes, una querella presentada por la Abogacía del Estado, en representación de Hunosa, contra Uminsa, la empresa Prosimet y varios responsables de ambas compañías (tres de ellos son apoderados en las dos empresas). Hunosa acusa a los querellados de "frustración de ejecución" de sentencia y de "alzamiento de bienes" ya que, según su argumentación, la compañía Uminsa se estaría deshaciendo de sus bienes en favor de la empresa Prosimet, con el fin de "dilatar, dificultar o impedir" el embargo de las ayudas estatales que percibe y, por tanto, el cobro de la deuda por parte de Hunosa.
De forma paralela, la hullera ha recurrido las resoluciones de la Junta de Castilla y León en las que se autoriza la cesión de concesiones mineras de Uminsa en favor de Prosimet, unos activos "esenciales para su actividad minera". En su escrito, Hunosa argumenta que Uminsa presentó su solicitud de liquidación "inmediatamente después" de esa autorización, con el objeto de desprenderse de todos sus bienes antes de que "empiecen a regir las normas aplicables en la liquidación concursal".
La hullera esgrime en su recurso a la Junta que en el informe del administrador único de Uminsa, aportado al juzgado con la solicitud de liquidación, "se describen disposiciones" para transferir propiedades por importe de 18,9 millones, sumando maquinaria, concesiones mineras, fincas, edificaciones en unidades productivas y existencias.
Hunosa remarca en el escrito presentado que, con estos movimientos, Uminsa queda "vacía de patrimonio, en perjuicio evidente tanto de los acreedores como de los trabajadores, que quedarían totalmente desprovistos de cualquier activo minero con el que retomar o reflotar su actividad y empleo".
