Oviedo, Agencias / J. L. S.

La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador contra las principales agrupaciones de empresarios del sector de la industria alimentaria española, entre ellas la Asociación de Fabricantes de Pan del Principado, por un presunto pacto para subir los precios. Éste es el resultado de las inspecciones que ha realizado este organismo desde otoño en una decena de patronales de alimentación, pollo, huevo, y pan integradas en la Federación de Industrias Alimentarias y de Bebidas (Fiab).

El presidente de la Asociación de Fabricantes de Pan asturiana, Francisco González, descartó ayer, a este diario, que se hubiera producido ningún pacto en los precios entre los empresarios del sector. Los panaderos decidieron subir el precio del pan a finales del pasado año entre 5 y 15 céntimos euros de media, dependiendo del tipo de pan y del establecimiento. La explicación de este incremento es por el aumento de los costes de las materias primas, fundamentalmente de la harina, dado el encarecimiento mundial de los cereales, pero también de lo que en el gremio se denominan «mejorantes», y del transporte. Aunque, según explica González, los incrementos no se llevaron a cabo al mismo tiempo ni hubo ninguna orden desde la asociación para que se subieran los precios. El precio de una barra de pan de medio kilo en Asturias ronda los 90 céntimos.

La CNC reconoce que «parece improbable probar la existencia de acuerdos explícitos entre productores o comercializadores de alimentos para elevar precios». Sin embargo, considera que «a la luz de las numerosas declaraciones y comunicaciones realizadas desde las asociaciones de empresarios del sector podrían constituir en sí prácticas que podrían tener por objeto restringir, limitar o impedir la competencia». La asociación asturiana ya ha dejado el caso en manos de sus servicios jurídicos que se encargarán de llevar a cabo las reclamaciones pertinentes.

El organismo inició en otoño una serie de investigaciones tras observar la tendencia alcista de varios alimentos desde mediados de 2007. A estas averiguaciones se sumaron las denuncias que presentaron diversas asociaciones de consumidores por este motivo. En concreto, la comisión que preside Luis Berenguer ha decidido abrir un expediente sancionador a la Federación de Industrias Alimentarias y de Bebidas (Fiab), así como a diversas asociaciones dependientes de ésta; la Organización Interprofesional de Avicultura de Carne de Pollo del Reino de España (Propollo); a la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Improvo), y a la Asociación de Fabricantes de Pan del Principado.

A partir de ahora se abre un plazo máximo de 18 meses, en el que la CNC tendrá que instruir estos expedientes y concluir si las asociaciones vulneraron o no la legislación sobre Competencia. En caso afirmativo, podría decidir sancionarlas. La vulneración del artículo 1 de la ley de Defensa de la Competencia, el que podrían haber infringido las asociaciones alimentarias, pueden ser considerado infracción grave, con multa de hasta el 5 por ciento del volumen de negocio total de la empresa infractora y muy grave, con una multa de hasta el 10 por ciento.