La nómina de junio subirá 200 euros

Los asalariados, pensionistas y autónomos españoles que pagan el IRPF notarán que su nómina de junio subirá en 200 euros. Será una de las consecuencias de la aprobación efectuada ayer de la rebaja fiscal de 400 euros comprometida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la prometida rebaja, que empezará a ser efectiva en la nómina de los contribuyentes de junio y supondrá la última medida de «gran calado» que tome el Gobierno ante la actual coyuntura económica. Según el real decreto de modificación de reglamento del IRPF aprobado ayer, los contribuyentes notarán en su nómina de junio la primera rebaja de 200 euros en sus retenciones, correspondiente a los seis primeros meses del año, mientras que los 200 euros restantes se repartirán en las seis nóminas siguientes, de julio a diciembre.

Esta deducción para asalariados, pensionistas y autónomos que pagan el IRPF costará 6.000 millones de euros -que se ahorran los contribuyentes y deja de recibir el Estado-, y supone el último gran montante que el Ejecutivo dedicará a corto plazo para reactivar la economía, según reconoció ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

«No nos podemos permitir otras medidas» de esta índole, admitió De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo, aunque matizó que el Ejecutivo seguirá trabajando para afrontar la desaceleración económica y seguirá tomando otras iniciativas no previstas que sean necesarias, aunque no tengan el mismo «calado» económico que ésta.

La vicepresidenta aseguró que «no ha habido ni un solo compromiso» del Ejecutivo para el que no se haya garantizado su viabilidad financiera, y defendió el «rigor» y la seriedad del vicepresidente segundo, Pedro Solbes, que fue quien el viernes anunció que el Gobierno ya no tenía margen de maniobra para nuevas medidas discrecionales de la dimensión de esta rebaja fiscal. «Las cuentas que ha hecho nuestro vicepresidente económico son tan solventes como siempre», señaló De la Vega. El Gobierno calcula que los 6.000 millones de euros que la rebaja fiscal le cuesta a las arcas públicas supone el 0,9 por ciento de la renta disponible de las familias españolas.

Pese a estas explicaciones, la medida fiscal prometida en campaña electoral por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a ser criticada ayer desde el ámbito político, mientras que se ha dudado de su efectividad en el económico.

Así, la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) considera que, tras un segundo trimestre con posible decrecimiento, la economía se recuperará algo en la segunda parte del año por el «respiro» que la rebaja fiscal dará al consumo. No obstante, Funcas advierte, será un efecto transitorio «incapaz» de enderezar otros problemas de la economía como el «derrumbe» de la construcción.

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, el socialista Joaquín Almunia, fue más optimista al señalar que, pese al coste de esta medida, las cuentas públicas españolas volverán a tener superávit este año, aunque precisó que «todo tiene un límite».

El portavoz de Economía del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, advirtió de que la deducción «no llega a todos por igual» y lamentó que Solbes diga, por un lado, que espera que la medida contribuya «algo» a reactivar la economía y, por otro, «reconozca su estancamiento». Eso convierte a Solbes, añadió Montoro, en un «comentarista», en lugar de un responsable económico que toma medidas.

El portavoz de economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, consideró una «lástima» que el Gobierno gaste «su único cartucho para la reactivación económica».