El subsidio por desempleo es de naturaleza asistencial, es decir, no contributivo, y existen diversas modalidades. De manera genérica pueden acceder a la ayuda aquellos trabajadores que han agotado la prestación por desempleo contributiva (cuya duración máxima es de dos años) y tienen cargas familiares, los mayores de 45 años sin cargas familiares que hayan consumido la citada prestación y los trabajadores en paro que no han cubierto el período mínimo de cotización para cobrar una prestación por desempleo del nivel contributivo. Y existen subsidios especiales, como los destinados a los trabajadores agrarios o los que pueden disfrutar los mayores de 52 años.

En general, la duración máxima de los subsidios por desempleo va desde los 18 meses a los 30 meses, dependiendo de los casos. Así, por ejemplo, los parados menores de 45 años con responsabilidades familiares que hayan agotado una prestación contributiva de al menos seis meses podrán cobrar el subsidio durante dos años, mientras que para los mayores de 45 años en esa misma situación el período máximo es de 30 meses. En el supuesto del subsidio especial para mayores de 52 años, el trabajador podrá percibirlo hasta que alcance la edad ordinaria que se exija en cada caso para tener derecho a la pensión de jubilación.

La cuantía, de 422 euros al mes, es igual para todas las situaciones, como lo es también el requisito de que el solicitante debe tener unos ingresos que, por todos los conceptos, sean inferiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional.

En Asturias, al subsidio que abona el Inem se añade la posibilidad de beneficiarse del «salario social» que paga el Principado, cuya cuantía fluctúa, según las circunstancias familiares, entre los 454 euros y los 748 euros mensuales. Así, pueden ser frecuentes los casos de desempleados que, cobrando los 422 euros al mes, tengan derecho a una ayuda suplementaria de la Administración asturiana debido a que con ese dinero y con el resto de las rentas que perciben no alcanzan los niveles mínimos de ingresos que marca la ley del salario social. Éstos oscilan entre los 454 euros de una persona sin cargas familiares y los 749 euros para familias de seis miembros.

Las solicitudes del salario social se han disparado este año, coincidiendo con el aumento del desempleo y del número de parados que agotan las prestaciones contributivas.