Madrid

Los impuestos de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV) llevan camino de convertirse en un quebradero de cabeza para el Gobierno. La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, descartó ayer subir la actual tributación del 1% de este instrumento financiero de las grandes fortunas, ya que es similar al del resto de Europa, y su modificación al alza podría suponer una fuga de este capital a otros estados.

La reacción fue inmediata. El diputado de IU, Gaspar Llamazares, advirtió de que el apoyo de su grupo y del resto del arco parlamentario de la izquierda a los Presupuestos de 2010 conlleva una profunda reforma del sistema fiscal español.

La ministra de Economía consideró apropiada la regulación actual de las SICAV, que, subrayó, fue legislada en 2003 por el PP, al que criticó por su falta de memoria. También añadió que estas sociedades en Europa no tributan o lo hacen a niveles muy bajos, y las plusvalías presentan tipos reducidos.

El gravamen de las SICAV es del 1% en el impuesto de sociedades, y la venta de acciones tributa al 18%. Sus dividendos no tienen derecho a deducción.

Elena Salgado añadió que si no fuera por la crisis el Gobierno «seguiría bajando los impuestos», como hizo en la anterior legislatura

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, advirtió ayer de que IU, ERC, ICV, BNG y Na-Bai obligarán al Ejecutivo a negociar una reforma fiscal profunda que afecte también a los «paraísos fiscales», aunque la vicepresidenta económica «no quiera hacerlo», y advirtió también de que no se conformarán con un «mero lifting» del «monstruo de Frankestein» que existe ahora, y que permite la existencia de «mecanismos de elusión fiscal» como las SICAV.

La ministra de Economía se sumó, por otra parte, a sus homólogos de la UE para exigir la regulación de las remuneraciones de los directivos del sector financiero, consideradas como un factor desencadenante de la actual crisis.

Salgado afirmó que es lógico que al sector bancario haya que pedirle un esfuerzo mayor que a los ciudadanos, «porque ha sido el origen de la crisis y no siempre ha actuado con ética». Abogó por un control de las remuneraciones variables (bonus) aunque las entidades no reciban ayudas públicas, ya que, explicó, el sistema de supervisión debe evaluar ese modelo de compensación.