El Gobierno ha anunciado este lunes y que impulsará un cambio legislativo para que se puedan exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que incumplan los presupuestos, una propuesta sobre la que el PSOE ha dicho que mientras no haya delito deben dirimirse las culpabilidades en el Parlamento.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha avanzado esta iniciativa, que se articularía en la ley de Transparencia, con el objetivo de que haya rigor en la gestión de los gobiernos.
Montoro ha especificado que afectaría a los gestores públicos, políticos o no, y ha añadido que la comunidad autónoma o ayuntamiento que no cumpla puede quedar inhabilitada durante algún tiempo.
Según el Ejecutivo, se trata de trasladar las sanciones que están vigentes en Europa al sistema institucional español, lo que implica en una primera fase un castigo económico en función de la reincidencia y la gravedad y en una segunda la citada inhabilitación.
El PP, a través de su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, ha precisado que los castigos por mala gestión se aplicarán a los políticos que asuman gastos que no estén incluidos en la respectiva ley presupuestaria.
Ha recordado que esta medida estaba incluida en su programa electoral y que busca erradicar las facturas por una serie de inversiones que no encuentran justificación en las cuentas correspondientes.
Sobre esta cuestión, el presidente del PSOE, Manuel Chaves, ha recordado que, en un estado de derecho como el español, los servidores públicos que cometen un delito ya están sometidos a las leyes, en tanto que las culpabilidades políticas se tienen que dirimir en el Parlamento.
El criterio de Chaves es que excederse en el gasto, si eso implica la comisión de un delito, ya está penado por las normas, pero, si no es un delito, se reduce a una culpabilidad política.
"El que comete un delito, a la Justicia. Las responsabilidades políticas, en el Parlamento", ha afirmado el expresidente andaluz.
El PSOE además quiere saber, según recoge un argumentario distribuido entre sus dirigentes, si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, comenzará aplicándose a sí mismo este nuevo delito penal por su etapa al frente del Ayuntamiento de Madrid.
Los socialistas han emplazado al Gobierno a explicar seriamente el alcance de esta figura penal y si se va a hacer con carácter retroactivo.
Varias autonomías gobernadas por el PP han mostrado su apoyo a esta iniciativa e, incluso, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha considerado que el ministro se ha quedado "corto".
Para Monago, estas sanciones penales deberían ser "retroactivas", ya que, al igual que ocurre con la deuda, "no debe haber prescripciones".
El consejero de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Valenciana, José Manuel Vela, ha calificado de "muy razonable" esta propuesta, en tanto que el responsable económico de Castilla-La Mancha, Diego Valle, la ha calificado de "congruente".
También se ha pronunciado el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, quien ha recordado que "falsear la contabilidad pública es un delito" porque cualquier mentira sobre este tipo de cuentas es una "infracción penal".
Este anuncio de Montoro ha sorprendido al conseller catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, quien ha querido ser prudente hasta conocer los "detalles" porque se trata de "palabras mayores".
El responsable económico de la Generalitat catalana ha abogado por buscar "mecanismos más tradicionales, los legales habituales, pero también informáticos, para hacer difícil, por no decir imposible, que una unidad de gasto pueda gastar más de lo que tiene presupuestado".
El Gobierno de Navarra ha supuesto que la posible persecución por vía penal de los incumplimientos presupuestarios debe ser por responsabilidades de una gravedad absoluta", según su portavoz, Juan Luis Sánchez.
Desde el ámbito local, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha calificado de "fenomenal" la iniciativa y ha agregado que le parece "muy bien que se extreme cualquier situación para paliar este terrible déficit" que ha dejado, a su juicio, el anterior Gobierno socialista.
También ha celebrado esta posibilidad la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), que ha recordado que tienen todavía cuatro millones de facturas pendientes de cobro por un importe de 15.000 millones por parte de las administraciones públicas.
