Madrid, Agencias
El Gobierno tiene previsto dar el próximo viernes, en el Consejo de Ministros, otra vuelta de tuerca al saneamiento de la banca, a la que exigirá mayores provisiones para los créditos considerados no dudosos, según confirmaron fuentes financieras. De esta forma, el Ejecutivo de Mariano Rajoy habrá impuesto a la banca en dos tandas un saneamiento de sus activos inmobiliarios que superaría los 75.000 millones de euros, dado que a los 54.000 millones iniciales se sumaría una cifra aun no determinada, pero que se situará entre 20.000 y 40.000 millones, según las mismas fuentes.
Las provisiones son dotaciones o partidas que se exigen a la banca para cubrir los riesgos de impago de créditos. Ahora, el Gobierno quiere exigirlas también para los préstamos que se están pagando y no tienen, en principio, riesgo de impago. La idea del Ejecutivo es exigir las nuevas provisiones también este mismo año, puesto que se busca hacerlo en un plazo «muy breve», lo que mete más presión a las entidades, que podrían entrar en pérdidas, siempre según las mismas fuentes. A falta de conocer los detalles finales, algunos banqueros han puesto ya el grito en el cielo por lo que consideran un «despropósito» y han advertido de las severas consecuencias que esta medida puede tener en el sistema financiero español.
La nueva reforma supondrá un cambio en el planteamiento inicial que hizo el ministro de Economía, Luis de Guindos, poco después de acceder al cargo, cuando anunció que la banca necesitaba sanearse en unos 50.000 millones de euros para eliminar el riesgo inmobiliario.
La explicación está en que la nuevas provisiones recaerán sobre la cartera de préstamos de la banca al sector constructor y promotor, que hasta ahora se consideraba «no problemática», unos 140.000 millones. La exposición total de la banca española al «ladrillo» ronda los 320.000 millones.
Esta medida se conoce justo tras el anuncio de una nueva inyección de dinero público en Bankia, aunque se desconoce aún la fórmula que se utilizará, y la dimisión de su presidente, Rodrigo Rato, al que sustituirá en el cargo José Ignacio Goirigolzarri. El cambio estaba previsto para el viernes, pero presumiblemente se produzca hoy mismo, cuando se reúnan los consejos de administración de ambas entidades.
El Gobierno mostró ayer su total respaldo a Bankia, cuya solvencia aseguró, y a su nuevo presidente. También el líder de la oposición, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad, pese a calificar de «deplorable» la gestión del Gobierno respecto al futuro de la entidad. «Yo tengo mi dinero en Bankia, mis ahorros, y no voy a hacer nada. Me fío completamente de Bankia y quiero tranquilizar a la gente», afirmó.
La inyección de dinero público a esta entidad, la cuarta del país, provocó ayer un rifirrafe y un intercambio de acusaciones entre los socialistas y el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en el Senado.
«¿Es posible que encontremos 10.000 millones para un banco y no lo tengamos para la salud y la educación de los ciudadanos?», le espetó ayer el socialista Marcelino Iglesias a Rajoy. Éste le replicó que el Gobierno socialista es el único que «hasta ahora» ha dado dinero público a la banca, y acusó al anterior Ejecutivo de haber hecho «sólo parches» para reestructurar el sistema financiero español. También afirmó que si está tomando medidas no incluidas en su programa electoral es por la necesidad de «rectificar cosas que se hicieron mal», «hacer cosas que no se hicieron» y rebajar un déficit no esperado: «No me quejo de la herencia, de lo que me quejo es del engaño».
La decisión adoptada por el Ejecutivo español con Bankia también fue tomada con cautela en Bruselas. El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, advirtió de que si la entidad recibe ayudas públicas para sobrevivir, deberá presentar a Bruselas un plan de reestructuración que debe garantizar la viabilidad del modelo de negocio y un «reparto adecuado» de los costes del rescate, así como reducir las distorsiones de competencia.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, hizo un llamamiento a la calma y se mostró «convencido» de que Bankia «continuará jugando un papel importante y primordial en el sector bancario español y en el desarrollo de la economía». El Gobierno, «como no puede ser de otra manera», recalcó el Ministro, «va a estar detrás siempre, apoyando los planes de saneamiento y reestructuración, y la solvencia de la entidad».
El respaldo del Estado a Bankia suma ya unos 33.000 millones de euros desde que empezó la crisis financiera en 2008. De esta cifra global, la mayor parte corresponde a los avales que han solicitado al Tesoro tanto la matriz de Bankia, Banco Financiero y de Ahorro, como las cajas que participaron en la fusión y que aún no han devuelto. En total, 28.583 millones más intereses. A estas cantidades hay que sumar los 2.500 millones que se aportaron a la entidad a través del Fondo de Garantía al Banco de Valencia. Y ahora, el Gobierno ultima un plan de saneamiento de la entidad que supondrá la inyección de fondos públicos por hasta 10.000 millones.
El Ministerio de Economía y Competitividad aclaró ayer en un comunicado que el grupo BFA-Bankia no ha sido intervenido y que el objetivo de los cambios en la dirección del grupo es el saneamiento.
Las acciones de Bankia se vieron ayer penalizadas, por segundo día consecutivo, con una caída del 4,75%, que deja la cotización en mínimos: 2,26 euros por título. Pero podría haber sido mucho peor, porque la cotización llegó a bajar más del 9%.
«Yo tengo mi dinero en Bankia, mis ahorros, y no voy a hacer nada»
<Alfredo Pérez Rubalcaba >
Secretario general del PSOE
