La prima de riesgo española, indicador que sube en la medida en que los inversores van perdiendo confianza en la solvencia del país, cerró ayer en 539 puntos básicos y llegó a superar ligeramente los 540, algo inédito desde que existe el euro. Y la Bolsa encadenó otra fuerte caída (-2,58%), en una jornada de pánico en los mercados y de máximo estrés en los despachos políticos de Madrid y de Bruselas. Las dudas sobre la banca, agigantadas tras el rescate de Bankia, y la confusión que sembró la Comisión Europea con sus mensajes sobre España amplificaron la presión, sin que el Banco Central Europeo (BCE) interviniera (comprando títulos de deuda) para frenar la sangría, pese a los llamamientos que en las últimas semanas hizo el Gobierno español.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, viajará hoy a Washington para entrevistarse con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y con el secretario de Estado del Tesoro americano, Timothy Geithner.
Los problemas de este «miércoles negro» comenzaron por Bankia, por una información del «Financial Times» según la cual el BCE rechaza la fórmula que, según el diario británico, quería aplicar el Gobierno español para financiar 19.000 de los 23.000 millones que cuesta el rescate de la entidad: aportar al banco no fondos líquidos, sino directamente títulos de deuda, que Bankia podría utilizar como respaldo para obtener dinero prestado y barato del BCE. Esa maniobra puede ser interpretada como un subterfugio, como un mecanismo que en realidad permite al Estado financiarse con cargo al Eurobanco, lo que está prohibido expresamente por los tratados de la unión monetaria.
Esa noticia aceleró la desbandada de los inversores de la deuda pública española, y la prima de riesgo se instaló por tercer día por encima de los 500 puntos. El ministro de Economía, Luis de Guindos, desmintió al «Financial Times». Anunció, además, que los 19.000 millones de Bankia se obtendrán por un procedimiento ordinario, inyectando dinero obtenido en el mercado mediante emisiones del fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB), como ocurrió con rescates bancarios precedentes.
La intervención de Luis de Guindos intentaba tapar el frente del BCE, pero destapaba otro: el temor al impacto de las gigantescas necesidades de capital de Bankia -y, por extensión, las que puedan tener otras entidades españolas- en las cuentas públicas del país y en su capacidad de pago. Una confusa reacción del BCE echó más leña al fuego: emitió un primer comunicado para desmentir al «Financial Times», pero tuvo que rectificarlo al poco tiempo porque uno de sus párrafos daba a entender en realidad que la información del periódico era cierta.
La Comisión Europea añadió luego más desconcierto, aunque su intención primigenia era echar un capote a España. En línea con las posiciones de Mariano Rajoy, el Ejecutivo comunitario defendió que los bancos puedan acudir directamente a los fondos de rescate europeos para recapitalizarse, lo que rechaza Alemania.
Una reforma así evitaría que el Estado deba solicitar por sí mismo la ayuda para la banca, cargando con el estigma del rescate y asumiendo la obligación de más ajustes. La hipótesis de que por esa vía España pudiera sortear el daño que las ayudas a la banca pueden infligir a su solvencia dio un respiro a la deuda, pero sólo temporal. El paréntesis se cerró rápidamente, tras reconocer la propia Comisión Europea que cambiar los mecanismos de rescate podría llevar meses. Además, un portavoz del Gobierno alemán ratificó la oposición a la recapitalización directa de los bancos.
El Ejecutivo comunitario intentó dar otro balón de oxígeno a Rajoy, al plantear, en su informe sobre la situación presupuestaria de los países, que España tenga un año más (hasta 2014) para alcanzar el objetivo de reducir el déficit público al 3%. La propuesta va acompañada de la exigencia de más ajustes (recortes en las autonomías y subidas de impuestos como el IVA) y reformas: adelantar la aplicación del retraso de la edad de jubilación a los 67 años o endurecer las prestaciones de paro al ligarlas más a la realización de cursos formativos.
Tampoco ese anuncio relajó la presión sobre España. La prima de riesgo cerró en 539 puntos, en el entorno de los niveles que registraron Grecia, Portugal e Irlanda antes de ser rescatados. No obstante, el interés que exigen los inversores para poner dinero en bonos españoles a diez años (6,67%) aún está lejos de los que en los días previos a los rescates se exigían a esos países (réditos cercanos al 9%).
