Portugal podría convertirse en un espejo para España. El Tribunal Constitucional tiene admitidos a trámite cuatro recursos contra los recortes impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy que suponen un montante de 18.400 millones de euros. La Bolsa española no se vio ayer afectada por el fallo judicial en que declaró ilegales algunos de los recortes en Portugal -como las pagas de los funcionarios y a los pensionistas-, pero al final de la sesión se contrajo afectada por el retroceso moderado de Wall Street, lo que la llevó a un nuevo mínimo anual por debajo de 7.800 puntos tras perder el 0,14%.
Otro ejemplo de que no hubo contagio luso fue que la prima de riesgo española bajó de 354 a 351 puntos básicos. Y eso pese a que los bancos españoles aparecen como los mayores acreedores de Portugal con una exposición agregada de 72.196 millones de dólares (55.535 millones de euros) a finales de septiembre de 2012, lo que representa el 51,5% del total de la exposición de la banca europea al país luso.
El Tribunal Constitucional español tiene admitidos a trámites cuatro medidas de ajuste del Gobierno español que suman 18.400 millones de euros, según el portal de internet Invertia. Se trata de la congelación de pensiones, recurrida por el PSOE, CiU, PNV, Izquierda Plural y UPyD (1.800 millones de euros); los decretos de recortes en sanidad y educación de 2012, que recurrieron doce gobiernos autonómicos (10.000 millones); la amnistía fiscal , recurrida por el PSOE (1.200 millones), y la eliminación de la paga extraordinaria de los funcionarios en 2012, recurrida por los sindicatos (5.400 millones de euros).
En el caso de que el Constitucional española considere estos recortes inconstitucionales, como ocurrió en Portugal, el Gobierno se vería obligado, según Invertia, a aprobar nuevos recortes por un importe de casi dos puntos del PIB, algo más de 20.000 millones de euros.
La incertidumbre generada por el fallo del Constitucional luso provocó ayer una reacción contenida en Bruselas. La Comisión Europea mostró su confianza en que Portugal presentará «rápidamente» medidas alternativas para cumplir los objetivos fiscales acordados con la «troika» -CE, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- , que en unos días enviará una comisión a Lisboa para buscar alternativas que permitan cumplir con un ajuste superior a los 1.000 millones de euros.
El presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, pidió «consenso nacional» a las fuerzas políticas de Portugal para lograr un acuerdo.
La primera reacción pública fue la del Partido Socialista portugués (PS), el principal de la oposición, que acusó al Gobierno conservador de «intentar engañar» al país con sus nuevos recortes de gastos sociales e insistió en renegociar el rescate financiero luso. El Tribunal Constitucional «no es el culpable» de los riesgos financieros con los que amenaza Passos Coelho, subrayó el secretario general del PS, Antonio José Seguro, sino el Gobierno, que con sus recortes presupuestarios «no ha respetado la Constitución por segunda vez consecutiva y ha violado el principio de igualdad», afirmó.
