El sector energético asturiano tiene por delante un nuevo desafío que se suma a los problemas de la minería del carbón: la paralización sine die de la regasificadora o el bloqueo de las inversiones en tecnologías renovables; las incertidumbres sobre el futuro de las térmicas carboneras, de las que depende el 80% de la producción asturiana y, con ello, el suministro a los hogares y a la industria, muy intensiva en consumo eléctrico en el caso de Asturias.
La regulación medioambiental que dicta la UE obliga a realizar fuertes inversiones en las térmicas para reducir las emisiones de óxidos nitrosos, desembolsos que pueden superar los 80 millones por planta, según explicó ayer el consejero de Economía del Principado, Graciano Torre. Las decisiones de las empresas eléctricas de abordar o no tales reformas deben tomarse antes de finales de este año y dependerán de que la expectativa de funcionamiento de las centrales para los próximos años asegure el retorno de las inversiones.
El incierto papel del carbón, sea nacional o importado, en la dieta energética a medio plazo depende de la nueva reforma del sector eléctrico que prepara el Ministerio de Industria. El consejero Torre pidió ayer, durante una reunión de responsables autonómicos con el ministro de Industria, José Manuel Soria, que se despejen esas dudas. Las térmicas que no rebajen sus emisiones irán al cierre a partir de 2015.
