El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, rechazó ayer los argumentos de España para evitar la devolución de las ayudas fiscales concedidas al sector naval entre 2005 y 2011, conocidas como «tax lease» y que sumarían unos 2.800 millones de euros. Almunia insistió en que tales ayudas fueron «ilegales», aunque aceptó que la devolución corra a cargo de los inversores, eximiendo a los armadores y a los astilleros. Es una modificación que en España se considera «claramente insuficiente» porque, según explicó el presidente del Principado, Javier Fernández, «sigue habiendo riesgo de colapso en los astilleros». Álvaro Platero, presidente de la sociedad Pymar, advirtió de que este «castigo» a los inversores supone acabar con la financiación para construir nuevos barcos.
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La postura «poco receptiva» de Almunia, como la definió Platero, ha llevado a la patronal y a los sindicatos a exigir la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que negocie directamente con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y se pacte una solución de cara a la reunión definitiva del Colegio de Comisarios del próximo día 17. Mientras tanto, se mantendrán las protestas en los astilleros españoles para exigir la viabilidad de una industria «puntera» a nivel mundial, según reconoció el propio Almunia. Ayer, miles de trabajadores se manifestaron en las comunidades afectadas.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, encabezó la comitiva que ayer se reunió con el comisario de la Competencia, el socialista Almunia, en Bruselas. Le acompañaban los presidentes de Asturias, Javier Fernández; Galicia, Alberto Núñez Feijóo; del País Vasco, Íñigo Urkullu; el presidente de Pymar, Álvaro Platero, y los secretarios generales de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez. Todos ellos intervinieron para exponer argumentos jurídicos, económicos y sociales.
El ministro Soria remarcó que «en ningún momento desde la Comisión Europea se advirtió de que las ayudas al sector naval eran ilegales». Y esgrimió una carta fechada en 2009 y firmada por la antecesora de Almunia, Neelie Kroes, en la que se indicaba al gobierno noruego que «el sistema de ayudas al sector naval español es plenamente compatible con las normas de la competencia en Europa». En todo caso, defendió que si había que devolver las ayudas se tuvieran en cuenta sólo las concedidas a partir de 2011, cuando Bruselas abrió la investigación tras una denuncia de Holanda. De aceptarse esta exigencia, la factura se reduciría drásticamente.
Almunia replicó que en 2005 Bruselas abrió una investigación a Francia por las ayudas concedidas a sus astilleros con un sistema «muy parecido al español». El comisario añadió que la misiva de Kroes «no se puede tomar en consideración desde el punto de vista jurídico». Y fue más allá, al asegurar que el resto de argumentos esgrimidos en la reunión por los representantes españoles «no se pueden tener tampoco en cuenta porque no es posible encajarlos en la jurisprudencia que rige la disciplina de ayudas de Estado», que es como considera Bruselas a las ventajas fiscales del «tax lease».
El comisario de la Competencia remarcó, además, que ya se excluyen de este conflicto las ayudas concedidas entre los años 2002 y 2005, porque la Comisión no se había pronunciado aún sobre el sistema francés ni sobre otro análogo y, por tanto, una exigencia de devolución sobre ese período vulneraría el principio de «seguridad jurídica».
La única concesión de Almunia fue la de eximir a las navieras -las empresas que encargan la construcción de los barcos- de devolver las ayudas, igual que planteó desde un inicio con los astilleros. Así que ahora serán los inversores los que, en teoría, tendrán que afrontar el pago en solitario. Aunque el comisario español indicó que hasta el día 17 hay tiempo para seguir analizando los argumentos jurídicos que España quiera aportar, también previno de que en las condiciones actuales, su informe final no variará. También destacó que Bruselas ha dado el visto bueno a un nuevo sistema de ayudas para la construcción de barcos en España. Y animó a armadores e inversores a seguir apostando por un sector «puntero».
