El Ministerio de Hacienda abrirá una investigación a las empresas españolas (y no sólo a las del índice bursátil selectivo Ibex-35) para determinar, si como ocurría en Caja Madrid y Bankia, han estado utilizando tarjetas de créditos ocultas al Fisco con las que sus cúpulas directivas hayan podido realizar gastos cuantiosos no declarados y que hayan sido cargados a costa de las sociedades, lo que supondría un supuesto de remuneración adicional en especie con omisión de esos ingresos en las declaraciones del impuesto sobre la renta.
El escándalo por los gastos realizados por 83 directivos de Caja Madrid y Bankia por un importe de 15,25 millones de euros entre 1999 y 2012 con tarjetas de crédito "opacas", emitidas al margen del circuito general y cuyos cargos se gestionaban de forma separada al resto de tarjetas de empresa de la entidad, se cobró ayer cinco nuevas dimisiones: las del gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Manuel José Rodríguez (PP); el secretario general de UGT de Madrid, José Ricardo Martínez; el miembro de la ejecutiva del PSOE madrileño Ángel Gómez del Pulgar; el ex secretario general de CC OO en Madrid y miembro de la Ejecutiva Confederal, Rodolfo Benito, y el director del gabinete de la Secretaría de Estado de Hacienda, José María Buenaventura (PP). Anteayer fue destituido el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Pablo Abejas (PP), y dimitió, tras pedir su cese el presidente madrileño, la presidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga (PP).
Los siete antiguos miembros del consejo de administración de Caja Madrid que han causado baja desde el jueves en sus actuales cargos llegaron a gastar más de 850.000 euros en conjunto en fines privados, según figura en la documentación entregada al juez que investiga el caso Bankia.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, expresó su creencia de que el caso es aislado y singular y no generalizable a todas las empresas, y dijo entender la indignación de la sociedad española por los pagos indebidos tras haber inyectado "muchísimo" dinero en Bankia. El Estado, a través del FGROB, está personado en la causa, dijo, y exigirá la devolución del dinero.
El PP no ha aclarado si va a tomar medidas orgánicas sobre los consejeros de Caja Madrid afiliados a este partido que dispusieron de tarjetas de crédito "opacas". Varios dirigentes del PP a los que se les preguntó en Guadalajara, donde el partido celebró su reunión interparlamentaria, rehusaron contestar, salvo la presidenta del PP vasco, Arantxa Quiroga, quien dijo que deben tomarse medidas, aunque no las precisó.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, dijo que si los directivos de Caja Madrid cometieron alguna infracción reprochable deberían "reparar el daño". Y el portavoz económico del PP, Vicente Martínez Pujalte, aseguró que "no pinta nada en el PP" ni en otro partido quien haya abusado de la tarjeta de crédito.
El secretario de Organización del PSOE, César Luena, reiteró que si algún socialista utilizó "una tarjeta B" será expulsado de la formación, "sea quien sea y haya sido lo que haya sido". La dirección del PSOE ultimaba ayer la citación a dieciséis militantes para que comparezcan ante la Comisión de Garantías y Ética del partido. El secretario general socialista, Pedro Sánchez, pidió "perdón" a los ciudadanos por los 16 militantes del partido que tenían tarjetas opacas.
UPyD pedirá que la Fundación Caja Madrid se persone como perjudicada en el "caso Bankia" para que pueda reclamar los 15,25 millones que 83 directivos cargaron a las tarjetas secretas de la entidad y que esa cantidad se destine para resarcir a accionistas de Bankia y a preferentistas.
El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, reclamó una "acción rápida, precisa y contundente" de la Justicia en el caso del posible uso fraudulento de las tarjetas de Caja Madrid y que se cree una comisión de investigación en el Congreso.
Las asociaciones empresariales con algunos representantes entre los 83 beneficiarios de las tarjetas (caso del presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández) no han anunciado de momento acciones disciplinarias o correctivas con esos dirigentes.
