El fondo estatal FROB, que pasó a ser el dueño de las cajas nacionalizadas a causa de la crisis financiera ha detectado al menos veinte irregularidades en algunas de estas instituciones de crédito, cuyos negocios financieros ya han sido transferidos en su mayor parte a bancos privado.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró que el caso de los cobros indebidos en dinero opaco a Hacienda por consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia mediante el uso de tarjetas de crédito corporativas no declaradas es excepcional. Sin embargo, aseguró que el FROB sí detectó otro tipo de irregularidades (al menos una veintena) en diversas cajas que tuvieron que ser estatalizadas y rescatadas. Estas anomalías consisten básicamente en operaciones dudosas y en una morosidad alarmante que en algún caso superaba, dijo, el 50% de las operaciones de crédito, un nivel de fallidos excesivamente elevado (cinco veces la media del sector) y por ello sospechoso. En concreto, citó algunas actuaciones de Catalunya Caixa. Todos estos casos será comunicados a la fiscalía por si pudieran constituir ejemplos de gestión fraudulenta.

Las consecuencias del escándalo por el uso por ejecutivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia de tarjetas de crédito de la entidad no declaradas a Hacienda y que se emplearon para abonar gastos particulares y no de representación ligados al desempeño de tales cargo sigue arrojando nuevas novedades.

Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña (CEIM) y de la Cámara de Comercio de Madrid, anunció ayer que devolverá "de forma inmediata" los 37.000 euros que gastó con la tarjeta "negra" de Caja Madrid para, según aseguró, "gastos de representación".

En un comunicado remitido a "Efe", el empresario asegura que "ante la alarma social que ha provocado la utilización de esta tarjeta, que me fue facilitada por la entidad, quiero dejar muy claro que nunca sospeché que su uso pudiese constituir un acto recriminable, como ahora se ha llegado a considerar".

Asegura que "la cantidad asciende a 37.000 euros, que fueron destinados a gastos de representación en los tres años que hizo uso de ella y que supuso un gasto de poco más de 1.000 euros mensuales. Los gastos fueron de comidas y gasolina para sus desplazamientos cuando realizaba tareas relacionadas con la actividad de consejero". "Creo que para el futuro debemos evitar estos casos mediante un riguroso control de las decisiones", afirmó.

Fernández no hace ninguna mención a que vaya a dimitir como han hecho siete cargos, entre miembros de la Administración por el PP y responsables orgánicos del PSOE madrileño y de los sindicatos UGT y CC OO.