El 70 % de las empresas alemanas apoya el Acuerdo Trasatlántico para el Comercio y la Inversión entre la UE y Estados Unidos (TTIP, en sus siglas en inglés), según una encuesta realizada el pasado noviembre por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de Alemania. ¿Por qué ese respaldo tan mayoritario a un proyecto que ha generado tanto polémica por el temor a que las grandes beneficiadas sean las multinacionales y a que su ratificación conlleve efectos perniciosos sobre la legislación laboral, la seguridad alimentaria o los servicios públicos europeos? El Instituto de Estudios Económicos considera que el TTIP "pretende facilitar una eliminación de las barreras comerciales entre Estados Unidos y la UE, con una supresión de aranceles y de obstáculos no arancelarios como normativas innecesarias, restricciones a la inversión, etc.".
El profesor de Análisis Económico de la Universitat de València, Vicente Pallardó, asegura que el respaldo germano responde a las intensas relaciones comerciales de sus empresas con el mercado norteamericano. "Suprimir algunas trabas, las situaría muy bien", apunta antes de citar la legislación Buy american (compra americano), cuya supresión facilitaría la entrada en Estados Unidos de grandes grupos tecnológicos y de construcción europeos -sobre todo alemanes y también españoles-, "que son mejores que los locales", y les daría acceso sobre todo a los contratos públicos en un momento en que el país precisa hacer una gran inversión para renovar sus infraestructuras.
La contrapartida, claro, es que Europa tendrá que ceder en otras cuestiones. Por ejemplo, también debería abrir sus contrataciones públicas, aunque en la UE no hay prohibiciones expresas a firmas foráneas. Pallardó también cita los transgénicos, un tema demandado por Washington y en el que tal vez habría que abrir la mano para permitir importaciones de Estados Unidos, pese a la enorme oposición generada en Europa.
El tratado también puede forzar cambios en cuestiones alimentarias que beneficien a la industria del gigante americano. Una de las más curiosas y peliagudas, según Pallardó, es la negativa de Alemania a aceptar, como se hace en Estados Unidos, el pollo lavado con cloro para eliminar patógenos.
Los opositores europeos al tratado (la izquierda parlamentaria, muy singularmente) creen que el mismo, cuya negociación se está desarrollando con gran falta de transparencia, pondrá a los estados al albur de las multinacionales al permitir a estas demandar a los primeros si sus gobiernos aprueban leyes que afecten a sus beneficios.
La denuncia sería ante un tribunal de arbitraje creado para ese fin. Frente a quienes dicen que ese organismo estará controlado por las corporaciones, Pallardó replica que se tratará de jueces independientes nombrados por los Estados: "La Organización Mundial del Comercio ya media entre los Estados; este tribunal lo haría entre Estados y multinacionales". Este experto coincide en que el tratado tendrá "un impacto económico muy modesto, porque el libre comercio entre las dos zonas es ya muy importante", pero su gran trascendencia está, en especial en lo relativo al citado tribunal, en que se debe erigir en paradigma de las relaciones comerciales mundiales, sobre todo respecto a países "dictatoriales, como China", y esa seguridad jurídica sería muy beneficiosa para las empresas europeas (y españolas, claro).
