Todas las centrales térmicas que queman carbón autóctono en España, salvo la de Soto de Ribera, serán inviables económicamente si no reciben ayudas estatales para invertir en las plantas de desnitrificación. La estimación la ha realizado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que acaba de emitir un informe en el que paradójicamente cuestiona esas ayudas al considerar que no están suficientemente justificadas.
Las térmicas que no inviertan en sistemas de desnitrificación para reducir las emisiones contaminantes están abocadas al cierre a partir de 2020, ya que no cumplirían la normativa medioambiental que exige la Unión Europea. Si las centrales que consumen mineral nacional dejan de quemar carbón se acabaría definitivamente la actividad minera en España. Por ese motivo el Ministerio de Industria ha planteado el denominado "Mecanismo de capacidad para la mejora medioambiental en determinadas instalaciones de producción de electricidad", que consiste en el pago de una retribución (una ayuda pública) a la centrales que se comprometan a comprar carbón autóctono y que realicen inversiones para reducir sus emisiones contaminantes. Sin embargo, la CNMC cuestiona la medida ya que entiende que algunos de sus aspectos "además de no estar suficientemente justificados en cuanto a su necesidad y proporcionalidad, no pueden ser considerados como mecanismos de capacidad ni ayudas medioambientales", ya que no hay problemas de cobertura de demanda eléctrica en España y el incentivo podría desplazar a otras centrales más eficientes desde el punto de vista de la conservación ambiental.
La lista
La CNMC rechaza las ayudas, pero en su informe reconoce que casi todas las térmicas que consumen carbón nacional dejarán de ser viables si tienen que asumir en solitario la inversión en plantas de desnitrificación. Sólo un central estaría en condiciones de recuperar la inversión sin recibir ayudas y sería la asturiana de Soto de Ribera, propiedad de EDP-HC. La otra térmica asturiana que quema carbón nacional, Narcea 3, y otras siete instalaciones en otras regiones (Compostilla, La Robla 2, Anllares y Guardo 2 en Castilla y León; Puente Nuevo en Andalucía; Elcogas en Castilla-La Mancha y Teruel en Aragón) no serían capaces de compensar el gasto para reducir emisiones.
La CNMC comparó los costes de generación con carbón de importación, estimados a partir del precio del mineral en el primer semestre de 2015, con los ingresos obtenidos por las centrales que queman mineral autóctono y llegó a la conclusión de que todas las instalaciones, salvo Elcogas -amenazada actualmente de cierre- obtendrían márgenes brutos positivos. Sin embargo, esos márgenes, salvo en el caso de Soto de Ribera, no llegarían a cubrir la totalidad de los costes de operación y mantenimiento si se añade el gasto en la planta desnitrificadora. "Considerando que el coste de la desnitrificadora fuera el recogido en la propuesta de Industria (90.000 euros/megavatio) sólo la central de Soto de Ribera recuperaría la inversión sin recibir ayuda, considerando un plazo de amortización de 20 años y una rentabilidad del 8%", señala el informe de la CNMV, que no obstante apunta que los resultados deben considerarse teniendo en cuenta que parten de estimaciones del coste variable de generación eléctrica de las centrales.
La inversión de EDP
La compañía EDP-HC, propietaria de la central de Soto de Ribera, ya tiene planificada la construcción de la planta de desnitrificación. Está incluida dentro de una inversión de la compañía eléctrica de más de 100 millones de euros que incluye también una planta para reducir las emisiones de la central de Aboño, que consume carbón de importación. Las obras en Aboño ya están en marcha y los responsables de EDP-HC han destacado que la puesta en marcha de la inversión en Soto de Ribera, con la que se prologaría su vida hasta 2035, no está condicionada a la obtención de ayudas económicas. "Si las hay, bienvenidas sean", señaló el pasado sábado Marcos Antuña, director de proyectos de EDP, durante la visita que realizó a las obras de la central de Aboño el consejero de Empleo del Principado, Francisco Blanco. Desde EDP destacaron que está estudiada la rentabilidad de la inversión.
