El Gobierno de Manuela Carmena ha decidido que el Ayuntamiento Madrid deje de estar bajo el escrutinio de las agencias de calificación de riesgo Standard & Poor's y Fitch a partir de 2016. Dejará de pagarles para ahorrar unos 110.000 euros al año. La repercusión de la medida supera los límites municipales y no sólo por el efecto contagio que puede tener una decisión contra las impopulares agencias. Hay que tener en cuenta que las posibilidades de que España cumpla el próximo año el objetivo de déficit público del 2,8% del PIB son escasas -como ya ha advertido tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional- y pasan en buena parte por que el Ayuntamiento de Madrid vuelva a cerrar el ejercicio con superávit y ayude a compensar el probable desvío tanto de las comunidades autónomas como de la Seguridad Social.
El peso económico de la ciudad de Madrid, medido en PIB, es superior al de buena parte de las regiones de España. En 2013, el Ayuntamiento cerró el ejercicio con un saldo positivo de 1.330 millones de euros y los resultados de este año y el próximo pueden ser claves para que España cumpla las estrictas metas de déficit. Sin embargo, el gobierno de Manuela Carmena ha dejado claro que lograr superávit no es su objetivo y sí aumentar el gasto público de carácter social. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) señaló en un informe el pasado verano que Madrid estaba en condiciones de repetir el balance positivo y esa previsión ha sido utilizada por el Gobierno de Carmena como argumento para anunciar la rescisión del contrato con las agencias de rating Standard & Poor's y Fitch. Sostiene que si no hay aumento de deuda no se necesita escrutinio y que, por tanto, se pueden ahorrar unos 440.000 euros en los cuatro años de mandato y destinarlos a gastos sociales.
Las agencias de calificación de deuda o "rating", que adquirieron protagonismo con la crisis económica, tienen como principal negocio poner calificaciones a la deuda de cualquier emisor, ya sea una empresa, un Estado o cualquier otra entidad privada o pública, como un ayuntamiento. El modelo actual de financiación de estas agencias es el denominado "issuer pay", es decir, paga el emisor de deuda. Antiguamente quien pagaba era el inversor por tener acceso a esa calificación, pero el modelo generaba conflictos de información privilegiada. Ahora quien desembolsa es el deudor y en el caso del Ayuntamiento de Madrid estaba abonando al año cerca de 110.000 euros a Standard & Poor's y Fitch.
La medida de Carmena -del gusto de sus votantes por el boicot a unas agencias que están emparentadas con grandes fortunas- podría tener un efecto boomerang contra el Ayuntamiento porque al final la gestión de la deuda municipal -de casi 5.000 millones de euros- podría salir más cara. Aunque el Ayuntamiento no eleve la deuda, es posible que parte tenga que renovarla y los bancos podrían encarecer sus préstamos por la inseguridad de no tener calificación. Además, el Ayuntamiento también debe dinero a inversores que compraron obligaciones y el rating afecta a su valoración. El supuesto ahorro por el boicot a las agencias puede acabar teniendo efectos contrarios en el balance económico municipal, un salvavidas para cumplir los objetivos de déficit nacionales.
