Las regiones españolas han legislado con profusión durante las dos últimas décadas para ejercer sus capacidades de modificar impuestos de ámbito general que forman parte del sistema de financiación autonómica (IRPF, sucesiones, patrimonio, transmisiones...) y de crear nuevos tributos. La Administración asturiana ha sido una de las más activas en la generación de esos nuevos gravámenes y reforzará esa posición si la Junta General aprueba el proyecto presupuestario concertado entre el PSOE e IU, que añade dos impuestos a esa lista: uno sobre el suministro de bolsas de plástico de un solo uso en el comercio y otro sobre el depósito de residuos en vertederos.
De ocurrir así, la relación de tributos propios creados por el Principado alcanzará la cifra de nueve. Ahora, con siete, Asturias ya es la tercera región de régimen común con un mayor número, por detrás de Cataluña (12) y Andalucía (8), según se infiere de la información recopilada por el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (Reaf). Esa fertilidad en el alumbramiento de impuestos autonómicos no lleva aparejada, sin embargo, una contribución importante a la recaudación y con ello a la presión fiscal, salvo en el supuesto del canon de saneamiento (ahora llamado impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua). La mayoría de esos tributos aportan ingresos modestos, en algún caso muy inferiores a las expectativas del Principado. Y a menudo han generado una alta litigiosidad (con la Administración central o con los sujetos contribuyentes, frecuentemente empresas). Ha ocurrido de ese modo en Asturias y en otras regiones, de tal suerte que el gremio de los fiscalistas ha advertido en sus informes de que "en numerosas ocasiones, la recaudación obtenida por ciertos tributos, no cubre los costes de gestión de los mismos".
Tributos "extrafiscales". Según datos del Reaf, la recaudación por impuestos propios fue en Asturias de 77 millones en 2013, equivalentes al 3,3% de todos los ingresos tributarios del Principado. Es una proporción superior a la media de las quince regiones de régimen común (2,4%) y que no llega al 0,9% si se excluye el canon de saneamiento. Ese bajo peso recaudatorio se explica en parte porque varios de esos impuestos tienen naturaleza "extrafiscal". Esto es, al menos formalmente han sido creados, no con el propósito principal de recaudar y contribuir a sostener el gasto público, sino con otros objetivos (combatir y compensar los impactos ambientales de algunas actividades, estimular el ahorro energético...). En esa categoría encajan varios de los impuestos asturianos y también los dos nuevos que se quieren crear. Ahora bien, la baja recaudación está relacionada también con los problemas que ha tenido el Principado para aplicar algunos de los impuestos por problemas técnicos, errores de cálculo o litigios.
Los fallidos. El Fisco autonómico tuvo el primer tropiezo ya con el primer impuesto que creo. Lo hizo en 1989, con Pedro de Silva en la Presidencia, al crear el tributo sobre fincas o explotaciones agrarias infrautilizadas, una tasa pensada para desalentar el abandono del campo. La imposibilidad técnica de calcular la base imponible (requería determinar teóricamente el rendimiento óptimo de las explotaciones) no ha permitido aplicar el impuesto en los 26 años transcurridos desde su creación.
Los problemas más recientes corresponden al impuesto sobre los depósitos bancarios, impulsado en 2013 y sin efecto tras la maniobra del Gobierno central para crear uno de ámbito nacional que esterilizó legalmente los autonómicos. El impacto para las arcas del Principado supone que en lugar de ingresar 30 millones de euros recibirá este año 8,8 millones de la recaudación estatal, que se transfiere a las autonomías. También falló la previsión recaudatoria de otro tributo, pactado por PSOE e IU en 2010 y que grava "el desarrollo de actividades que inciden en el medio ambiente" (redes eléctricas, infraestructuras de telecomunicaciones...). Se anunció que iba a recaudar 18 millones, pero no llega a los dos millones.Y los pleitos con el Gobierno central y con los centros comerciales e hipermercdos impidieron que el Principado recaudara de manera efectiva el impuesto sobre las grandes superficies (7 millones para 2016) hasta 2014, trece años después de su creación.
Los millones del agua. Los impuestos propios que más ingresos reportan al Principado y a buena parte de las autonomías son los relacionados con el uso del agua. En 1994, Asturias creó el canon de saneamiento (revisado y convertido en impuesto en 2014), que desde entonces grava los consumos de los hogares y de las empresas y ciertos usos industriales del agua. La región es la cuarta que más recauda a través de este tributo, cuyos ingresos cubren los gastos del sistema de depuración de aguas residuales y, en su caso, la inversión en nuevas instalaciones. Por ahí recibirá el Principado un caudal de 57,4 millones de euros en 2016, el doble de todo lo previsto para el resto de los impuestos propios asturianos.
