El proyecto de Presupuestos Generales del Principado para 2016 incluye una partida de 1.433.000 euros para remunerar a la patronal FADE y a los sindicatos UGT y CC OO por su tarea de representación institucional en comités, patronatos y otros organismos de la Administración regional. Esa cantidad supera en 83.000 euros la de los años precedentes debido al compromiso del Ejecutivo autonómico de asumir los costes de despido de seis trabajadores contratados por UGT que perdieron sus empleos a raíz de un recorte de subvenciones.
De ser aprobado sin cambios el proyecto, FADE y CC OO recibirán, como en el año anterior, 450.000 euros cada uno con cargo a los presupuestos de la Dirección General de Trabajo, integrada en la Consejería de Empleo, Industria y Turismo. UGT recibirá esa cantidad más 83.000 euros que el sindicato reclama al Principado desde 2013 para sufragar las indemnizaciones que, por decisión de los tribunales, corresponden a seis técnicos contratados por el sindicato para trabajar en el programa de "Orientación profesional para el empleo y de asistencia para el autoempleo" (OPEA), financiado con subvenciones que reparte el Inem regional.
El conflicto laboral viene de 2013. Los citados empleados tenían contratos fijos discontinuos, en algún caso con antigüedades superiores a diez años, y su relación laboral con UGT estaba vinculada a las subvenciones del programa OPEA, que en 2012 estuvieron paralizadas y en 2013 fueron recortadas a la mitad, indicaron fuentes del sindicato. UGT optó entonces por despedir a los seis empleados con menor antigüedad, pagángoles la indemnización de 20 días por año trabajado, de acuerdo con las reglas de la reforma laboral. Dos de los empleados acudieron a los juzgados y consiguieron sentencias que declararon improcedentes los despidos y condenaron a UGT a pagar indemnizaciones de 45 días por año. Como luego ratificaría el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), el despido fue considerado irregular porque se produjo en el contexto del expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que, con reducción de jornada y salario, UGT aplicó a toda su plantilla alegando dificultades económicas por la caída de ingresos, entre ellos las subvenciones.
Tras los pleitos, el coste de las indemnizaciones pasó de unos 52.000 euros a 84.656, explicó ayer un portavoz de UGT. El sindicato pidió formalmente en 2013 y 2014 al Principado que costeara el gasto. Esa petición, que finalmente ha sido atendida, se fundamenta en una cláusula de los acuerdos de concertación social por la cual la Administración asturiana se comprometía a asumir los gastos indemnizatorios en casos de despidos por recortes que afectaran al programa OPEA o al referido a los técnicos de prevención de riesgos laborales, también contratados por los agentes sociales con cargo a subvenciones.
