El Gobierno ha propuesto a los sindicatos subir el salario mínimo interprofesional un 1% en 2016, hasta los 655,08 euros mensuales. El incremento, que duplica el aplicado en 2015 (0,5%), supone 6,55 euros al mes.

El Ejecutivo trasladó esta propuesta a los agentes sociales el pasado miércoles, 23 de diciembre, según informó Europa Press. Los sindicatos tienen ahora hasta última hora del próximo lunes, 28 de diciembre, para dar una respuesta. La subida definitiva se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros del día siguiente, martes 29 de diciembre.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya avanzó a principios del mes que la intención del Gobierno era subir el salario mínimo, aunque no concretó la cuantía. Además, incidió en que esta cuestión sería consultada con los agentes sociales.

En respuesta, los sindicatos, que ya habían remitido una carta a Báñez en el mes de noviembre con su propuesta de subida, reiteraron que el incremento debería ser del 11% en 2016, hasta los 720 euros mensuales, y también en 2017, hasta los 800 euros. Los sindicatos también persiguen negociar el cumplimiento a lo largo de la legislatura de la Carta Social Europea, que fija el salario mínimo en el 60% del salario medio.

Con estos puntos de partida, desde los sindicatos creen que la propuesta que realiza ahora el Gobierno "no es para negociar y mucho menos para acordar".

El salario mínimo implica de manera directa a un reducido número de trabajadores que cobran conforme a su cuantía, pero influye de forma indirecta en todos los convenios colectivos. El salario encierra el mandato legal de que ningún trabajador puede ser contratado con una remuneración inferior a la cantidad fijada por los poderes públicos (648,8 euros al mes para 2015 en jornada completa o su equivalente a jornada parcial según los días y las horas de trabajo). Ese ingreso mínimo es además una referencia que se utiliza para el acceso a prestaciones sociales y para determinar, por ejemplo, el nivel vital de ingresos que es inembargable cuando un trabajador o un pensionista está afectado por un proceso de ejecución de deudas.