El Gobierno central devolverá en la nómina de abril a todos los funcionarios de la Administración General del Estado y a los del Ministerio de Justicia la mitad de la paga extra de Navidad que había suprimido en 2012 y que aún no había abonado. Así se lo comunicó ayer la Dirección General de la Función Pública al sindicato CSIF, que se arrogó el desembolso a las "intensas gestiones" que se han realizado en los últimos meses para que el Ejecutivo cumpliera con su compromiso.
La devolución de la extra beneficiará a unos 9.200 empleados públicos asturianos, los que forman la plantilla del Estado en la región, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Recibirán una media de 750 euros en una paga aparte durante este mes. El coste en el conjunto del país será de 547 millones. Este pago no implicará un gasto adicional para el Estado, puesto que ya estaba comprometido en los Presupuestos Generales para 2016.
No obstante, el sindicato CSIF no están del todo satisfecho con la medida ya que, denunció, todavía hay comunidades y ayuntamientos que tienen pendiente dicha devolución, por lo que pidieron que se universalice a todos los niveles de la función pública.
En Asturias, el Principado ha devuelto el 75% de esta paga a los empleados públicos que dependen de la Administración regional, algo más de 36.400. Lo que queda, señalaron fuentes de la Consejería de Hacienda, se abonará previsiblemente en enero del próximo año o, si el Presupuesto lo permite, a lo largo de este mismo ejercicio. En total, el Principado ha hecho un desembolso de 53 millones en tres tandas (la última el pasado enero), y aún le quedarían por abonar otros 20 millones.
Los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, aplaudieron la devolución de la paga, pero acusaron al Gobierno de haber iniciado la campaña electoral con esta medida. CC OO Denunció que el Ministerio de Hacienda "pisotea la negociación colectiva a la que tienen derecho los empleados públicos". En la misma línea se expresó la Federación de Servicios Públicos de UGT. Dijo que "el gobierno del PP instrumentaliza a los empleados públicos para sacar rédito electoral".
