Los consumidores seguirán pagando la deuda eléctrica en el recibo 13 años más

El llamado déficit tarifario -diferencia entre los derechos de cobro reconocidos a las empresas energéticas y los ingresos obtenidos a través de lo que pagan los usuarios- provocó durante 14 años que España embalsara una deuda eléctrica que llegó hasta los 27.000 millones y que a 31 de diciembre del pasado año aún ascendía a 25.056,5 millones, según un estudio de técnicos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) divulgado por el Club de la Energía. Allí se pronostica que a la deuda eléctrica "le queda una vida remanente de 13 años, durante los cuales los consumidores verán incluido en sus recibos un concepto de coste asociado a su financiación, debiendo devolver el principal más los intereses".

Ese cargo para los usuarios supuso en 2015 un total de 2.887,7 millones de euros. La CNMC estima que la factura anual por los intereses y la amortización de la deuda continuará por encima de 2.000 millones hasta 2026 y quedará saldada en 2028. No obstante, la cuantía anual depende de la evolución de los tipos de interés.

La deuda eléctrica está repartida en cuatro bloques y con distintos titulares de los derechos de cobro. Los principales acreedores son los bonistas del llamado Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, creado en 2009. Su constitución permitió a las grandes compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, EDP y Viesgo) liquidar sus derechos de cobro, que han acabado en manos de inversores nacionales e internacionales. La rentabilidad media de ese fondo fue en 2016 del 4,092%, un interés privilegiado en el contexto financiero actual y que sitúa el coste medio ponderado de la deuda eléctrica para los hogares y las empresas españolas en el 3,52%.

¿De dónde viene toda esa deuda que sobrecarga el recibo de los consumidores? Sobre esa cuestión afloran las fortísimas discrepancias que se han suscitado sobre la controvertida regulación del sector eléctrico español y el choque de intereses económicos que ha existido entre las empresas que participan en el negocio y en el reparto de los ingresos del sistema. En los siguientes puntos se exponen algunas de las explicaciones que desde ámbitos empresariales, políticos y académicos se han dado del agujero.

La reforma eléctrica de Rato. En 1997, el Gobierno de Aznar lanzó su ley eléctrica para sentar las bases del proceso de liberalización del sector. La norma incluyó el diseño del nuevo mercado mayorista de la luz (un modelo marginalista análogo al de otros países europeos) y llegó acompañada de otras decisiones políticas de las que emergió, a partir de 2000, el primer déficit de la tarifa. Con el ministro Rodrigo Rato al frente de la política económica y también de la energética, España, que caminaba hacia la integración en el euro -impelida por ello a cumplir entre otros requisitos uno que exigía mantener a raya la inflación-, decidió que la luz no podía subir más del 2%, pasara lo que pasara con los costes del sistema. En caso de desajuste, el déficit se convertiría en deuda y sería financiado en primera instancia por las grandes eléctricas. La subida del precio del petróleo y otras circunstancias provocaron que a partir de 2000 comenzaran tales déficits.

Las renovables. Pero los mayores agujeros se produjeron a partir de 2005, ya con el PSOE en el Gobierno, y coincidieron con el intenso despliegue de las energías renovables (eólica, fotovoltaica, termosolar...), estimuladas desde la Administración con primas a los productores que se cargaron sobre la factura de la luz. Tales incentivos llegaron a suponer el 18% del recibo, sobre todo a raíz de la llamada "burbuja fotovoltaica", un explosivo aumento de la promoción de instalaciones solares retribuidas con subvenciones multimillonarias resultante de los decisiones regulatorias de los ejecutivos del socialista Rodríguez Zapatero.

Beneficios caídos del cielo. La versión de que las subvenciones a las energías verdes fueron determinantes para el aumento exponencial de la deuda eléctrica y de los precios de la luz es discutida. El sector renovable, así como una corriente de académicos críticos con el modelo del sistema español, sostiene que otras tecnologías de régimen ordinario también están primadas y que el diseño y funcionamiento del mercado diario donde se casa la oferta y la demanda de electricidad han hecho que las grandes eléctricas obtengan enormes ganancias injustificadas ("windfall profits", según una expresión anglosajona que se traduce como beneficios caídos del cielo).

El avance de la deuda eléctrica se frenó en 2014. Fue después de una reforma pilotada por el entonces ministro de Industria del PP, José Manuel Soria, que afectó a todos los agentes implicados: a consumidores, que soportaron subidas de la luz para reforzar los ingresos, y a compañías (sobre todo a las de energías renovables), que vieron mermadas sus retribuciones. Tal reforma incluyó una cláusula que consagra el principio de preferencia de los acreedores del sistema eléctrico frente a los consumidores: mientras haya deuda (en principio, hasta 2028), el Gobierno no podrá bajar la parte regulada del recibo. Por ley, los superávits que se puedan producir (como los registrados en 2014 y 2015) deberán destinarse a reducir desajustes de años anteriores.