El Gobierno asturiano y los agentes sociales están negociando la creación por primera vez de un protocolo de ayuda a empresas que pasen por dificultades especiales y estén en riesgo de desaparición. El borrador de esa norma prevé que la Administración dé apoyo económico y técnico a ese tipo de compañías en ciertas circunstancias y contempla también que el Principado, bien directamente o por medio de intermediarios privados, realice una labor activa en la búsqueda de inversores alternativos para evitar cierres.

El citado programa, denominado provisionalmente "Protocolo de ayuda a empresas en crisis y especiales dificultades", tiene como objetivo "evitar la pérdida de empresas que aporten valor añadido a nuestro tejido productivo y que puedan ser viables y competitivas una vez superadas sus dificultades", según recoge el documento del Principado que manejan la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y los sindicatos UGT y CC OO.

El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, confirmó ayer las conversaciones con los agentes sociales y señaló que el protocolo podría estar listo después del verano, si bien algunos de sus contenidos, como la posible convocatoria pública de ayudas específicas para compañías en problemas, podría demorarse hasta 2017.

El protocolo establece un procedimiento reglado para intervenciones que de hecho ya realiza la Administración autonómica cuando entran en crisis o cuando directamente se anuncian cierres o recortes severos en empresas del sector industrial. Algunos casos recientes son los de Gijón Fabril, Fahime o Mieres Tubos. El Principado suele actuar en casos así, generalmente a petición de los trabajadores, para tratar con los propietarios y explorar soluciones que procuren la continuidad del negocio.

El proyecto de la nueva norma prevé que a partir de ahora "la acción de la Administración en estos casos" sea "lo menos discrecional posible". El procedimiento contempla varias formas de intervención: elaboración de informes para determinar el origen de las dificultades de las empresas, ayuda económica (préstamos, avales o subvenciones) y asesoramiento para solventar el episodio de crisis y, en su caso, búsqueda de inversores, probablemente a través de agencias privadas especializadas. Se contempla la implicación en el programa del Instituto de Desarrollo del Principado (Idepa), la Sociedad Regional de Promoción (SRP) y la sociedad de garantía recíproca Asturgar.

El texto que se está negociando precisa que el plan de auxilio no está concebido para cualquier tipo de empresa. La ayuda se centrará en compañías que sean viables y que por su actividad, posición en el mercado, volumen de empleo, innovación y "capacidad de arrastre" supongan "un valor añadido al tejido productivo asturiano". El protocolo está pensando básicamente para compañías dedicadas a actividades industriales o a los servicios avanzados (ingeniería, nuevas tecnologías...).

El Gobierno asturiano ha seguido al menos en parte los pasos de la Administración vasca, que dispone de un programa de auxilio a empresas en dificultades. El que se prepara en Asturias deberá tener encaje en la legislación de la Unión Europea sobre ayudas públicas a las empresas, muy restrictiva. El Principado considera que su proyecto es congruente con las directrices comunitarias que regulan los apoyos estatales para el salvamento y reestructuración de compañías en crisis. La oferta de ayudas que plantea Asturias requerirá la autorización de Bruselas.