José María Aristrain de la Cruz, accionista de Arcelor y heredero de un imperio industrial vinculado al acero, se enfrenta a una petición de cárcel de 60 años (quince penas de cuatro años) y sanciones económicas que suman 633 millones de euros por fraudes fiscales. Es la petición que ha formulado la Abogacía del Estado en el juzgado madrileño que instruye el caso contra el empresario de raíz vasca, propietario en Asturias de las empresas Cunext, con planta en Lugones, y la gijonesa Ideas en Metal.
Hacienda acusa a Aristrain de no pagar impuestos en España simulando la residencia en Suiza. Según informó ayer "El Confidencial", la Agencia Tributaria sostiene además que el empresario ocultó sus acciones de Arcelor Mittal en sociedades radicadas en Luxemburgo, Holanda e Islas Vírgenes. Se le atribuyen quince delitos de fraude fiscal por importe de 211 millones de euros.
La acusación sostiene que José María Aristrain fingió una residencia en Suiza para defraudar en el IRPF y en el impuesto de Patrimonio. Esa investigación condujo además al descubrimiento de una presunta trama de sociedades "off-shore" (radicadas en paraísos fiscales o países de bajísima tributación) para ocultar los rendimientos procedentes de las operaciones relativas a su participación en Arcelor Mittal. Según el escrito de acusación, esa red societaria se creó ya en 1998 (cuando Aristrain entró en Aceralia coincidiendo con la privatización de la siderurgia pública) y fue utilizada para no tributar en España por las plusvalías obtenidas en procesos como la compra de Arcelor por Mitttal Steel en 2006.
