Asturias tiene por delante un desafío demográfico mayúsculo al que las proyecciones de población ponen estos números: durante la próxima década, hasta 2026, el número de asturianos en edad de trabajar se reducirá en más de 87.000 personas si se consolida la tendencia actual. Esa estimación, tomada de los cálculos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI), certifica que la región se enfrenta, entre otros problemas, a retos como elevar con urgencia la tasa de actividad, ahora la más baja del país; preparar a los desempleados para dar el relevo generacional que precisarán las actividades medulares de la economía asturiana o generar las condiciones para el retorno de profesionales emigrados.
La estimación está hecha, a partir de las proyecciones del INE, considerando cómo evolucionarán las cohortes de asturianos con edades comprendidas entre los 18 y los 67 años. La horquilla llega por tanto hasta la edad legal de jubilación que estará en vigor a partir de 2027, cuando se complete el proceso de aumento gradual que prevé la reforma del sistema de pensiones. Con esos límites, el INE prevé que la población asturiana de entre 18 y 67 años pase de 670.247 individuos en 2016 a 582.880 en 2026. La reducción, que equivale a toda la población de Avilés, es en términos relativos del 13%. Al mismo tiempo, quienes superen los 67 años pasarán de 225.755 asturianos a 258.533. El incremento es de casi 33.000 personas y supone el 14,5%.
Esa década de envejecimiento acelerado que viene se puede explicar por la combinación de tres factores: en primer lugar, el insuficiente número de jóvenes que se incorporarán a la población potencialmente laboral debido a la baja natalidad de las últimas décadas, que prolongó el "invierno demográfico" cuyo inicio sitúa el economista y profesor de la Universidad de Oviedo Manuel Hernández Muñiz a mediados de los años 70 del pasado siglo; en segundo lugar, la llegada a la jubilación de varias decenas de miles de asturianos, entre ellos los primeros pertenecientes a la generación del "baby boom" (1955-1975); el tercer factor es la expectativa de que el saldo migratorio, negativo desde 2012, no registrará variaciones drásticas a medio plazo.
Como han descrito numerosos expertos, el envejecimiento demográfico entraña riesgos económicos severos, algunos de los cuales se enuncian en los siguientes puntos.
Falta de relevo. Las empresas pueden tener dificultades graves para el relevo generacional en sus plantillas. Se estima por ejemplo que la industria del metal afronta la jubilación de 9.000 profesionales en los próximos años. Gana volumen también la urgencia de que los desempleados dispongan de la cualificación necesaria para cubrir las vacantes que se produzcan. La competencia entre los países desarrollados (en una gran mayoría envejecidos) por captar trabajadores foráneos cualificados complicará la opción de atraer inmigrantes. Economistas como Manuel Hernández Muñiz han defendido en trabajos de investigación sobre el envejecimiento que Asturias debe estimular el retorno de profesionales emigrados.
Menor dinamismo. La caída del número de personas en edad de trabajar puede reducir aún más la población activa, lo que rebaja el potencial de crecimiento económico. Una sociedad envejecida desarrolla además patrones de gasto y consumo (menos ventas de viviendas y de coches, por ejemplo) que restan dinamismo al PIB, y se debilita el ahorro y con ello la capacidad de inversión. La menor presencia de jóvenes contrae además la generación de ideas y la innovación.
Mayor gasto público. El envejecimiento eleva la factura sanitaria (el observatorio Regiolab ha estimado que el gasto hospitalario crecerá en Asturias el 14% en el horizonte de 2029) y de los servicios asistenciales a la dependencia. Y dispara el coste de las pensiones (ahora superior a 4.500 millones al año) a la vez que el número de cotizantes a la Seguridad Social tiende a caer. Con el itinerario demográfico que perfila el INE, se agrandaría el desfase entre las pensiones y cotizaciones asturianas (éstas no llegan a cubrir ahora el 50% del coste de aquéllas) y Asturias acentuaría su dependencia de los mecanismos de solidaridad (caja única) del sistema, a la vez que quedaría singularmente expuesta a posibles reformas futuras que rebajen la generosidad de las prestaciones del sistema público.
