Washington, Agencias
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos acusó ayer al grupo automovilístico italiano Fiat, dueño de la compañía estadounidense Chrysler, de trucar los motores diésel de varios modelos de sus vehículos para manipular las emisiones. Se trata de una acusación análoga a la que sufrió en EE UU el grupo automovilístico alemán Volkswagen, que admitió los hechos y acaba de pactar el pago de una sanción en EE UU de 4.300 millones de dólares. El fabricante Fiat negó, por el contrario, la veracidad de la acusación.
Pese al desmentido de la multinacional con sede en Turín, sus acciones se derrumbaron en Bolsa, con caídas del 12,2% en Nueva York y del 16,1% en Milán y fueron suspendidas de cotización temporalmente.
La EPA informó de que ha enviado a la multinacional italo-estadounidense un "aviso" referido a "supuestas violaciones de la Ley de Aire Limpio por instalar y no revelar un 'software' de tratamiento de motores" en unos 104.000 automóviles. Esa normativa exige a los fabricantes automovilísticos probar ante el organismo regulador, mediante un proceso de certificación, que sus productos cumplen los estándares federales de emisión a fin de controlar la contaminación del aire.
La denuncia se refiere a los modelos 2014, 2015 y 2016 del todoterreno Jeep Grand Cherokee y la camioneta Dodge Ram 1500 con motores diesel de 3,0 litros "vendidos en Estados Unidos", según un comunicado publicado por la EPA. El "software" en cuestión reduce la cantidad de óxido de nitrógeno -sustancia considerada cancerígena por las autoridades sanitarias- emitida durante los tests oficiales, lo que esconde el hecho de que los motores arrojan más contaminación de la permitida por la ley. "No revelar un 'software' que afecta a emisiones en el motor de un vehículo es una grave violación de la ley, que puede resultar en la contaminación nociva del aire", indicó la subdirectora de la Oficina de Cumplimiento de EPA, Cynthia Giles.
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) dijo estar "decepcionada" por la noticia y mostró su disposición a demostrar que el "software" que instalan los vehículos afectados no es "malicioso" ni va contra la legislación del país.
