Los presuntos casos de fraude vinculados a los cursos de formación se han extendido como una marcha aceite por España durante los últimos años. Los más sonados han sido el "caso Aneri" en Madrid y los diferentes escándalos vinculados a los cursos de la Junta de Andalucía cuya investigación abrió la jueza Mercedes Alaya. El presunto caso de fraude en UGT Asturias tiene su raíz precisamente en las pesquisas abiertas en Sevilla por presuntas irregularidades en el uso de subvenciones para la formación recibidas por el sindicato. Su difusión hizo que exempleados de empresas vinculadas a UGT en Asturias denunciara que hechos similares se habían producido en el Principado. Fue la mecha.
La juez instructora Carmen Blanco tiene el foco puesto en las ayudas recibidas por UGT Asturias y gestionadas por el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), dependiente del sindicato, entre los años 2010 y 2014, cuando Justo Rodríguez Braga dirigía la organización. Por aquel entonces, los sindicatos mayoritarios -UGT y CC OO- y la patronal FADE tenían, por ley, un trato preferente a la hora de acceder a los fondos destinados a la formación de trabajadores que no tenían otros sindicatos -al no alcanzar el 10% de los delegados en las elecciones sindicales- ni las academias privadas. Patronal y sindicatos mayoritarios tenían reservados dinero sólo para ellos.
En el período 2010-2013, ahora bajo el foco de la investigación, esa partida osciló entre 6 y 8 millones de euros al año. En 2014, la FADE, UGT y CC OO obtuvieron por esa vía cerca de 2,6 millones para la recualificación de trabajadores. La cantidad bajó notablemente respecto a 2013 porque el Gobierno asturiano, de acuerdo con los agentes sociales, redujo la partida y amplió las destinadas a convocatorias abiertas al resto de organizaciones y empresas que están autorizadas a impartir cursos. FADE, CC OO y UGT también concurrieron a esos procesos y a través de ellos recibieron 4,2 millones más. En total, patronal y sindicatos, directamente o a través de sus fundaciones de formación (Forem, en el caso de CC OO, y el instituto IFES, en UGT), obtuvieron cerca de 7 millones en ayudas en los repartos regionales que se decidieron en 2014 y que movieron un total de 21 millones de euros, según las resoluciones del Servicio Público de Empleo del Principado. Uno de cada tres euros en subvenciones para cursos que repartió el Gobierno asturiano fue gestionado por la FADE, UGT y CC OO, un protagonismo que las tres organizaciones defendían apelando, entre otros argumentos, al hecho de que la mayor parte del dinero que sostiene la formación para el empleo procede en última instancia de las cotizaciones sociales que pagan las empresas y los trabajadores.
Esa situación cambió a partir de 2015. Al hilo de los escándalos que ya se habían destapado en varias comunidades autónomas, el Gobierno central puso en marcha una reforma del sistema de formación para "mejorar la eficiencia del sistema" y "combatir el fraude". Limitó la participación directa de las organizaciones patronales y sindicales en la gestión del dinero y revisó también su acceso a las cuantiosas subvenciones. Se acabó el trato preferente. En teoría había que competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas que dispongan de acreditación para ello , más de 200 en Asturias.
A raíz de esos cambios, que también introdujo el Principado, en 2016 CC OO -que renunció a solicitar fondos- y UGT -que incumplió las nuevas bases- quedaron ya fuera de los repartos de fondos en Asturias. FADE tuvo resultados mixtos: en una convocatoria recibió 1,1 millones, tras solicitar los fondos en nombre de varias patronales sectoriales, y en otra se quedó en blanco. Para 2017, ni UGT ni CC OO presentaron solicitudes para 4,12 millones que hay para formar a desempleados y FADE quedó excluida del reparto.
En dos años, el esquema de la formación en Asturias se ha dado la vuelta. Con el antiguo, los sindicatos mayoritarios tenían una vía constante para alimentarse de partidas millonarias para formación y con ellos crearon unas estructuras a su tamaño. Las fundaciones de los sindicatos dedicadas a la formación daban cursos a miles de alumnos al año en Asturias. Ahora apenas tienen ya actividad y se mantienen con una estructura mínima al borde de la desaparición.
La Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera (Forem), promovida por CC OO, ha desmantelado su área de formación. La fundación sólo mantiene el servicio de asesoramiento laboral y se eliminaron más de medio centenar de puestos de trabajo del área de formación. Una veintena eran eventuales y para el resto se aplicó un ERE de extinción.
Por su parte el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), promovido por UGT, se encuentra en estos momentos sin actividad en Asturias y la investigación judicial abierta por supuestos fraudes en la gestión de ayudas públicas amenaza con darle la puntilla. Fuentes del sindicato señalaron que actualmente tiene una estructura mínima, "con un par de trabajadores", y que su actividad formativa está congelada. En años anteriores IFES mantenía un estructura fija de unos 15 trabajadores a los que se sumaban decenas de monitores contratados temporalmente para impartir cursos. "Se llegó a dar formación a 5.000 alumnos al año", destacaron fuentes de la dirección de UGT en Asturias. "Era muy llamativo que todos los libros que había que utilizar para los cursos, un material que en la mayoría de los casos era desproporcionado, procedía siempre de las misma editorial vinculada al sindicato", señaló ayer un antiguo monitor contratado por el IFES.
Ahora la gestión de los cursos de UGT está bajo sospecha tras las investigaciones que abrió el fiscal Gabriel Bernal tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Apreció "aparentes sobrecostes en la justificación de actividades formativas" llevadas a cabo por IFES con subvenciones públicas entre 2010 y 2013, "enmarcados en algunas ocasiones con facturación presuntamente falsas". Presentó una denuncia para que la juez siguiera con la investigación y a ello se puso desde enero de 2016 la juez María Luisa Llaneza, que luego fue sustituida por Carmen Blanco. En ese mes, la dirección de UGT de Asturias celebró una sentencia del Contencioso-Administrativo que avalaba la gestión de los cursos del año 2013 y obligaba al Principado a abonarle casi 526.000 euros que le había retenido la apreciar carencias en la justificación de ayudas. Sin embargo, las investigaciones que lleva en paralelo la juez Blanco llevaron a la detención ayer de Justo Rodríguez Braga y otros cinco dirigentes y trabajadores del sindicato y de sus fundaciones y empresas.
La Fiscalía también investiga si CC OO de Asturias incluyó nóminas de miembros de su comisión ejecutiva y de trabajadores de su estructura entre los gastos que acreditó ante el Principado para ser subvencionados con los fondos para cursos de formación de trabajadores de 2008 y 2009. Si se ha desviado dinero del que parecía un pozo sin fondo.
