El Principado guarda silencio, mientras PP y Podemos reclaman explicaciones políticas

El presidente del Principado, Javier Fernández, no quiso valorar la intervención de la Guardia Civil en la sede regional de UGT y pronunciarse sobre la detención del exsecretario general de ese sindicato, Justo Rodríguez Braga. "No voy a hacer ningún comentario porque me acabo de enterar. He estado todo el día en la Conferencia de Presidentes y no puedo manifestarme en absoluto sobre una cuestión que desconozco", respondió cuando fue preguntado sobre si creía en la inocencia del anterior secretario general de UGT Asturias en la rueda de prensa que ofreció a la conclusión de la cumbre en Madrid entre los presidentes del Gobierno central y los autonómicos.

Frente al silencio del Gobierno autonómico, tanto el PP como Podemos reclaman que se asuman responsabilidades políticas por la ausencia de actuaciones y explicaciones convincentes en un caso que, recuerdan, lleva dos años coleando. Por parte de los populares, el diputado autonómico José Agustín Cuervas-Mons incidió en la "gravedad de los hechos" investigados, que espera que no sean de la misma naturaleza que los relativos al fraude en los cursos de formación de la UGT en Andalucía, y reclama una "aclaración contundente" por parte del Consejero de Empleo, Francisco Blanco.

"Que se garantice que los fondos han sido correctamente utilizados y debidamente justificados, que es de lo que parece ser que hay dudas", pidió Cuervas-Mons, quien critica la primera reacción del secretario general de UGT-Asturias, Javier Fernández Lanero: "Lo grave no es que la Guardia Civil se persone en una dependencias sindicales a recabar información, lo grave es que una organización sindical que ha tenido, probablemente, un trato especial por parte de la Administración utilice mal o sustraiga fondos que tenían que haber ido a los parados".

Desde las filas de Podemos, el diputado Daniel Ripa centró sus críticas directamente en el presidente del Principado, de quien afirmó que "tiene muy poca suerte a la hora de escoger a los líderes sindicales que le avalan", en alusión a José Ángel Fernández Villa y al propio Justo Rodríguez Braga. "Como nos temíamos, parece que Villa no era el único que se beneficiaba en Asturias de unas redes clientelares que beneficiaban a algunos líderes políticos y a unos pocos líderes sindicales", afirmó Ripa, quien al igual que Cuervas-Mons remarcó los paralelismos entre este presunto caso de corrupción en UGT-Asturias y el fraude de los cursos de formación en UGT-Andalucía. "Eran las mismas prácticas y los mismos procedimientos", sostiene el diputado, quien lamenta que "la imagen de Asturias que se exporta al exterior está vinculada únicamente a la corrupción".

El diputado podemista fue más allá en sus críticas al acusar al "Gobierno de Javier Fernández" de "mirar para otro lado y obstruir las investigaciones tanto en el Parlamento como en los Juzgados". Unas acusaciones que Ripa apoya en la propia experiencia de su partido cuando trató de investigar estas mismas prácticas, presuntamente corruptas, en el seno del sindicato: "Hace más de un año solicitamos (a la Administración autonómica) 66 cajas con expedientes muy concretos, información muy específica, donde creíamos que se estaba produciendo el presunto fraude de la formación. Una información que teníamos que haber recibido en quince días, y eso se dilató hasta cinco meses".

Entre esa documentación, los analistas de Podemos encontraron los papeles relativos a una ayuda de 400.000 euros que el Principado revocó a UGT "por algunas de las cuestiones que se están investigando judicialmente". De fondo, añade Ripa, "parecía que un sindicato estaba haciendo negocio con el dinero de los parados para enriquecer al sindicato, para contratar trabajadores o para enriquecer a sus dirigentes".

Frente a la dureza con la que reaccionan populares y podemistas, el resto de partidos con representación en la Junta General del Principado opta por la cautela y prefiere esperar a ver cómo evoluciona el proceso antes de fijar posición. Los dirigentes de Foro Asturias prefirieron guardar silencio hasta "tener conocimiento en profundidad del caso", aunque precisaron que probablemente a lo largo del día de hoy el partido se pronunciará sobre el registro y las detenciones de Justo Rodríguez Braga y los otros cinco investigados.

De igual modo, la dirección de Ciudadanos está a expensas de tener más datos para valorar la causa antes de hacer declaraciones. En cuanto al grupo parlamentario de IU, precisó que "se respeta la acción de la justicia", aunque se lamenta "los efectos negativos" que el registro y las detenciones pueden causar "sobre la imagen del sindicalismo y de la izquierda". "Que se aclare el caso a favor del buen nombre del sindicalismo, que en Asturias ya ha sufrido el caso de Villa y del SOMA", añadió la coalición en un comunicado.

Fuera de los ámbitos políticos, las reacciones al registro y a los arrestos también han sido medidas, aunque nadie ocultó el "shock" que ha supuesto ver a la Guardia Civil irrumpiendo en la sede de UGT. En el ámbito de la formación, Pablo García, presidente de la Asociación de empresas de consultoría y formación del Principado de Asturias (CECAP Asturias), una de las patronales de las empresas del sector, señaló que desconoce el fondo del caso. "De lo que tenemos trabajado con UGT nunca hubo ningún problema, la gestión era impecable. Ahora bien, cómo gestionaba a nivel particular, con sus aparatos formativos, me coge de lejos", dijo.

Por su parte, la asturiana Ana López-Cancio, presidenta de la patronal nacional de centros de formación ANCCP, reconoció su sorpresa ante las noticias que le iban llegando del registro en la sede del sindicato. "De momento lo estamos viendo con cautela y sorpresa, esperando saber qué es lo que ha pasado y esperando que todo se solucione bien para la formación, que es a lo que nos dedicamos", explicó. López-Cancio reivindicó además la figura de los formadores, desligando sus actividades de otras actuaciones: "Somos profesionales de la formación, y además somos un puente fundamental entre trabajador e inserción. No tenemos nada que ver con estas investigaciones, nos dedicamos a nuestro trabajo".

Más allá de las repercusiones inmediatas del caso, a largo plazo puede agravar el debilitamiento del sindicalismo. Así lo entiende el historiador Rubén Vega, profesor de la Universidad de Oviedo y autor del libro "Historia de la UGT. La reconstrucción del sindicalismo en democracia, 1976-1994". En su opinión, este caso se sitúa "en un marco inquietante, que es el debilitamiento de las organizaciones sindicales y su mala imagen pública". Aunque el registro y las detenciones afectan sólo a UGT, Vega considera que su incidencia "acabará salpicando al conjunto del movimiento sindical pues, por más que se supiera que se estaba investigando, no es lo mismo que se registre una sede a que haya detenciones".

Vega incide además en que UGT es "una formación que ha tenido mucho poder en Asturias y mucha sintonía con los gobiernos regionales, locales e incluso nacionales. Y eso da lugar a connivencia o cauces de relación privilegiada". En cuanto a la posible merma en las bases del sindicato, Vega tiene algunas dudas: "Quizás cambiaron las cosas en las sedes judiciales, pero no tengo tan claro que hayan cambiado en la opinión pública. Aquí reelegimos a los corruptos; tras el 'caso Villa' hubo elecciones en Hunosa y el SOMA no se desgastó".

Abundando en esta comparativa, Vega explica que "el poder que el SOMA administraba, y sigue administrando aunque no sea lo mismo, es muy grande. Y la UGT de Asturias da la impresión de que no tiene tanto poder, por lo que le va a pasar más factura". En cuanto a la figura de Justo Rodríguez Braga, el historiador cree que quedará tocado. Y, aunque lo califica de "peso pesado en la historia reciente de esta región", cree que su caída será menos relevante que la del histórico "tigre" del SOMA: "No es comparable a Villa porque nadie lo es. Ni para bien ni para mal".