La Administración asturiana llegó a gestionar y distribuir unos 20 millones de euros anuales para actividades de formación (cursos para desempleados y para trabajadores ocupados, principalmente) durante algunos de los ejercicios que están bajo la lupa de jueces y fiscales por las presuntas irregularidades que se atribuyen al sindicato UGT y las que también se investigan sobre CC OO. ¿De qué manera se fiscalizaba la celebración de los cursos y sus costes? El sistema utilizado en Asturias incluía comprobaciones con personal propio del Principado y auditorías externas, con arreglo a los protocolos del Fondo Social Europeo, que financia una parte relevante de las subvenciones. Aún así, ciertas prácticas en la justificación de gastos empleadas por UGT y consideradas dentro de la ley por el sindicato y también por la Administración autonómica llamaron la atención de la Sindicatura de Cuentas.
En un informe aprobado por el citado órgano en 2013 se recogió el hecho de que, en el procedimiento para acreditar costes de un programa de cursos, el sindicato había aportado únicamente una factura (cuenta justificativa, en el argot técnico) emitida a su cargo por el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), la fundación ugetista con la que el sindicato subcontrataba la organización de las actividades formativas. En ese caso concreto, IFES le facturaba 500.225 euros a UGT por una serie completa de cursos, añadiendo al dorso una enumeración de costes, pero sin incorporar los justificantes propiamente dichos de los desembolsos en nóminas y cuotas a la Seguridad Social del personal docente, del material didáctico, del suministro de aulas y equipos y otros.
La Sindicatura determinaba en su informe que aquella forma de acreditar gastos "reduce notablemente la capacidad de la entidad gestora (el Principado) de controlar las imputaciones que se realizan para tal beneficiario (UGT)". En sus alegaciones, el Servicio Público de Empleo argumentó que, con arreglo a la Ley General de Subvenciones y al tratarse de una subcontratación que satisfacía todos sus requisitos (la subcontratación de IFES por UGT), la presentación de una única factura "colmaba" las "exigencias de justificación". Según fuentes conocedoras, esa forma de acreditar los gastos de los cursos fue utilizada habitualmente por UGT cuando era adjudicataria directa de subvenciones (no cuando lo era IFES). Dirigentes del sindicato han subrayado en distintas ocasiones que el procedimiento de factura única era legal y que IFES sí disponía de justificantes pormenorizados de todos los gastos por si el Principado o los auditores externos los requerían en caso de comprobaciones.
En el sistema en vigor hasta la reforma nacional de 2015, era habitual que las organizaciones o empresas destinatarias de dinero público para cursos dispusieran del 100% de los fondos por adelantado. La justificación de los costes subvencionables se hacía a posteriori y en el proceso de verificación era frecuente que el Principado revocara parcialmente ayudas al considerar que se habían imputado gastos de manera irregular. En una de esas revocaciones, el Servicio Público de Empleo retiró 526.000 euros de subvención a UGT, que llevó el caso a juicio y lo ganó. El juez de lo contencioso-administrativo dio la razón al sindicato a principios de 2016 y avaló su gestión en los cursos del litigio.
