El delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, defendió ayer la actuación de la Guardia Civil durante el registro a la sede de UGT en Oviedo que tuvo lugar hace tres semanas y que fue parejo a la detención de cuatro exdirigentes del sindicato y dos trabajadores. Antes de reunirse con su homólogo en Cantabria, Samuel Ruiz, para analizar la seguridad ciudadana en las poblaciones limítrofes de ambas regiones, De Lorenzo manifestó: "Hablaría casi, casi de exquisitez para referirme al trato que se ha dado a los detenidos. Se han visto muchas fotos de detenidos salir de casa esposados y en este caso eso no se ha producido". Y añadió: "Fueron llevados a los calabozos con toda discreción y trasladados a las sedes judiciales con más discreción todavía, y creo que eso es de agradecer".
Las declaraciones del delegado del Gobierno llegan un día después de que el secretario nacional del sindicato, José María Álvarez, calificara de "asalto" el registro a la sede de la organización en Oviedo y anunciara que va a pedir explicaciones al propio De Lorenzo y al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, por la forma en que se había realizado el despliegue de las fuerzas del orden, que movilizó a una veintena de agentes.
De Lorenzo respondió: "Me parece absolutamente injusto hablar de asalto cuando se han hecho las cosas conforme a las instrucciones que ha recibido la Guardia Civil en Asturias". También aseguró que "los que tienen que dar explicaciones son ellos, y ante el juez". A juicio del delegado del Gobierno, pedir aclaraciones al ministro del Interior "no es lo correcto, ya que se ha actuado bajo las instrucciones de la Fiscalía Anticorrupción".
A mayores, recalcó que "venir a pedir explicaciones ahora de un asunto que está judicializado me parece, con la experiencia y años que llevan en la vida pública, algo que no deben hacer".
Las palabras del delegado del Gobierno causaron un profundo malestar en el sindicato. El abogado que representa a UGT, Francisco Alonso, insistió en que la detención de los cuatro dirigentes sindicales, entre ellos el exsecretario general de la organización, Justo Rodríguez Braga, "no estaba justificada de ninguna manera, no había ningún motivo para actuar de esa manera".
El letrado calificó de "sorprendentes" las declaraciones de Gabino de Lorenzo, ya que, señaló, con sus palabras "da la impresión de que ambos hechos estaban relacionados, cuando las detenciones y el registro de la sede son dos cosas independientes". A su juicio, ambos acontecimientos no tenían relación procesal.
Menos sorprendido, reconoció, estaba por las palabras de la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, que aseguró que UGT está en su derecho de "pedir explicaciones y se las darán". Y apuntó que, "al margen de que haya actuaciones que gusten o no", lo que hay que valorar es "si son legales o no". Francisco Alonso aseguró que "quizás el despliegue de las fuerzas públicas durante el registro fue exagerado. Es probable que no hiciera falta, por ejemplo, que varios agentes bloquearan las dos entradas que hay desde las escaleras a pie de calle a la sede, bastaba con que se hubieran puesto frente a la única puerta de acceso que hay".
Mientras tanto, el caso sigue su curso. En los próximos días los agentes de la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil que realizaron el registro trasladarán la información que recabaron en la sede del sindicato al Juzgado de instrucción número 4 de Oviedo para que se incorpore a las diligencias de la investigación judicial.
