Despachos de abogados especializados en derecho financiero y asociaciones de consumidores preparan una avalancha de acciones legales después de que los accionistas del Banco Popular hayan perdido el 100% del valor de su inversión tras la operación que ha dejado el banco en manos del Santander.

El Mecanismo Único de Resolución (MUR), la autoridad europea para reestructurar o liquidar bancos en dificultades y que anteayer tomó el control del Popular antes de su venta al Santander, no contempla ni ayudas ni indemnizaciones. Tampoco prevé ningún tipo de esquema de protección ante contiengencias legales, que de producirse deberán ser resueltas por los actuales propietarios de la entidad, es decir, el Santander. De este modo, los que consideren que han sido perjudicados por la operación -que decidió el Banco Central Europeo (BCE), organizó la Junta Única de Resolución y fue ejecutada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)- pueden acudir a los tribunales, pero se trata de litigios entre particulares en los que las autoridades no tienen cabida, ya que en el proceso de resolución del Popular no ha habido ayuda pública. Sobre este asunto, fuentes del FROB descartaron que, tal y como ocurrió con Bankia, se pueda poner en marcha un sistema de arbitraje para que los inversores recuperen sus ahorros.

Algunos inversores ya han comenzado a moverse. "El teléfono no ha dejado de sonar y al otro lado estaban muchos accionistas del Popular", señalaron desde el despacho gijonés de la firma de abogados Espacio Legal. Su fundador, Marcelino Tamargo, señaló que "el Santander seguro que ha estudiado a fondo los problemas jurídicos que se podían derivar de la compra del Popular y que los ha incluido en el coste de la operación". Tamargo ve posibilidades de reclamación en el caso de los accionistas que acudieron a la última ampliación de capital "porque es probable que las cuentas se hubieran maquillado".

En términos similares se pronunció Ignacio de Azúa, de Lean Abogados, que matizó que si bien el grueso de inversores no recuperará su capital, los accionistas que acudieron a la ampliación de mayo de 2016 podrán reclamar judicialmente pues "las cuentas utilizadas no eran correctas". También podrán demandar, advierte, los inversores minoristas a quienes comercializaron los bonos convertibles bajo la apariencia de productos de renta fija. Coincide al respecto el socio director del bufete de abogados Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, que sostiene que el Popular "aventuró" beneficios y dividendos que se convirtieron en "pérdidas multimillonarias" sin haber efectuado un análisis de riesgo razonable ni una comercialización transparente.

En declaraciones a "Efe", el socio del despacho Jausas Jordi Ruiz de Villa aseguró que la valoración provisional del banco pone de relieve que los errores en los estados financieros afectan no sólo a las cuentas empleadas para la ampliación de capital sino también las anuales de 2016. En su opinión, la situación guarda "enormes similitudes con el caso Bankia" por lo que prevé que se inicien acciones penales y civiles para reclamar responsabilidades a los dos consejos de administración, tanto al actual como al anterior, todavía con Ángel Ron como presidente de la entidad. Para Ruiz de Villa, la venta es en verdad una "expropiación" ejecutada a través de un procedimiento "poco transparente y competitivo" que ha impedido la participación de entidades que habrían podido estar interesadas en adquirir el Popular de haber sabido que no tenían que hacer frente a 2.031 millones en obligaciones convertibles y deuda subordinada.

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) trabaja en la presentación de una querella contra los administradores del Popular a fin de investigar si actuaron "con transparencia y diligencia". También estudia acciones legales la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec).