Vuelco en las reglas del bono social de la luz, la rebaja que beneficia a los consumidores considerados vulnerables. El nivel de renta de los hogares y sus consumos eléctricos pasan a ser determinantes en el acceso a esta ayuda y en su alcance económico. Límites que han suscitado críticas de las organizaciones de usuarios en la medida en que, argumentan, quedarán excluidos amplios estratos de la población que tienen dificultades para pagar la factura. En los siguientes puntos se explican las características del bono social y los nuevos requisitos que deben reunir los beneficiarios.

Los beneficiarios. Se establecen tres categorías de consumidores vulnerables con derecho a acceder a una rebaja en el precio de la luz. La primera está formada por hogares que no superen determinados niveles de renta (11.280 euros anuales en hogares sin niños; 15.000 cuando hay un menor y 19.000 si hay dos menores), así como por las familias numerosas (sin límite de renta) y por pensionistas que cobren las prestaciones mínimas del sistema y no dispongan de otros ingresos. La segunda categoría está formada por los hogares que no alcancen la mitad de los citados niveles de renta, teniendo por ello la consideración de consumidores "vulnerables severos". Un tercer grupo corresponde a las familias que, además, estén en riesgo de exclusión social, de acuerdo con el criterio de las autoridades locales o autonómicas.

Las rebajas. Los consumidores del primero de los grupos citados pueden solicitar una rebaja del 25% en la factura eléctrica, siempre que estén acogidos a la tarifa regulada (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor). Tal rebaja alcanza a todos los términos del recibo (potencia contratada y energía consumida), aunque con limitaciones en el caso del consumo. Para los consumidores catalogados como "vulnerables severos", la tarifa se reducirá el 40%. Y en caso de riesgo de exclusión social, serían los municipios o las autonomías se harán cargo del 50% del coste de suministro.

El consumo. El descuento únicamente se aplicará al término de consumo de la factura hasta unos niveles determinados: 1.200 kilovatios / hora al año para hogares sin menores; 1.680, cuando haya un menor y para pensionistas con ingresos mínimos; 2.014 para las familias con dos menores y 3.600 en caso de familias numerosas. Todos los kilovatios que estén por encima de esos consumos se facturarán al precio ordinario. Este es uno de los capítulos que ha desencadenado las quejas entre las organizaciones de usuarios. La Unión de Consumidores de Asturias ha llamado la atención sobre el hecho de que el consumo medio anual de los hogares es en España de 3.487 kilovatios /hora. De forma que si un hogar vulnerable con un menor tiene un gasto así, el bono social sólo le rebajará el precio de la mitad del término de energía. Según aplicaciones informáticas que permiten calcular el consumo, los límites fijados por el Ministerio de Energía apenas llegan para cubrir el gasto energético de una casa con un persona y un equipamiento muy básico (alumbrado, TV, lavadora y nevera). Si se incluye agua caliente o calefacción, el consumo desborda en mucho los márgenes del bono social.

Las solicitudes. Se pueden realizar desde el pasado 10 de octubre en las compañías eléctricas. Las organizaciones de consumidores están recomendando a los potenciales beneficiarios solicitar la rebaja cuanto antes en el supuesto de que hasta ahora no dispusieran de la anterior versión del bono social, para evitar demoras. Los actuales beneficiarios dispondrán de un margen mayor. Quienes vayan a perder el bono por no reunir los nuevos requisitos lo mantendrán durante seis meses.