Duro Felguera no ha recibido aún notificación oficial ni traslado de la querella de la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto pago de comisiones ilegales en Venezuela, entre 2008 y 2013, para la consecución de contratos. La ausencia de notificación dificulta que alguno de los consejeros pueda invocar la investigación judicial para intentar forzar que el presidente, Ángel del Valle (uno de los querellados), ponga su cargo a disposición del máximo órgano ejecutivo de la sociedad, como pretenden los acreedores. El consejo tiene su próxima reunión prevista para la semana que viene y Del Valle no tiene intención de someter su continuidad, al menos mientras no reciba la referida notificación oficial.

La querella, admitida a trámite por la Audiencia Nacional, se dirige contra la compañía, su presidente actual y su antecesor en el cargo, Juan Carlos Torres. Según el reglamento del consejo, sus miembros deben poner sus cargos a disposición del órgano "cuando concurran circunstancias que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad". Según este párrafo, Del Valle, una vez que él y los servicios jurídicos de la compañía tenga constancia de la querella y de su admisión a trámite, deberían reclamar el respaldo del consejo en la medida en que los hechos que se atribuyen dañan la reputación de la sociedad. Sin embargo, los concernidos mantienen que no hubo tales sobornos, sino la contratación de servicios de asesoramiento, habitual cuando una compañía contrata en país ajeno.

La redacción de esta norma tampoco es precisa y unívoca. Si bien reclama la puesta a disposición de los cargos en el consejo cuando medien causas que dañen el prestigio e imagen de la sociedad, y "en particular" a cuando los miembros del órgano "aparezcan como investigados en causas penales", acto seguido acota esta asunción de responsabilidades a una fase más avanzada del proceso: "Si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración examinará el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decidirá si procede o no que el consejero continúe en su cargo".

En ausencia de renuncia del presidente, la presión de los acreedores sigue acrecentándose sobre los miembros del consejo para que retiren su apoyo al presidente. La banca, que no tiene confianza en la gestión de Del Valle, condiciona la reactivación de avales (imprescindibles para la operatoria de Duro) al relevo del primer ejecutivo, máximo representante de la familia Álvarez Arrojo, principal grupo accionarial de la ingeniería.

Del Valle no parece dispuesto a ceder, por lo que, tras la renuncia anteayer del vocal independiente Ricardo Córdoba, que sólo llevaba en el cargo desde abril, la presión se cierne sobre otros consejeros, por lo que no son descartables más renuncias. Varios vocales ya manifestaron dudas y vacilaciones en la tensa y dilatada reunión que celebró el consejo de administración del 27 de septiembre. Entonces, Córdoba también amagó con dimitir si se forzaba a solicitud de preconcurso para eludir las condiciones de la banca acreedora.

La tensión es creciente entre los prestamistas y la sociedad, así como entre distintos miembros del consejo y en el seno de la plantilla y del equipo directivo de la sociedad. La preocupación va en aumento. El pulso de la banca se centra en debilitar el apoyo que mantiene Del Valle por los dos accionistas de referencia: su familia política (dueña del 24,4% de Duro) y la dinastía Arias (10,02%). Entre ambas controlan más de un tercio del capital social de la multinacional asturiana.