El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Isaac Pola, afirmó ayer que el Servicio Público de Empleo (Sepepa) no era capaz de comprobar si la documentación ofrecida por UGT y la fundación Ifes sobre cursos de formación era falsa. Averiguarlo, dijo, "corresponde a la investigación penal y no a la administrativa porque no hay capacidad ni medios para verificarlo".
En una respuesta parlamentaria, Pola aseguró que en el ámbito administrativo el Sepepa sí ejercía control sobre el cumplimiento de las subvenciones y destacó que fue el propio Gobierno autonómico el que revocó subvenciones a UGT durante el periodo investigado (2010 y 2014) por importe de 347.000 euros. Además, señaló que el Principado está personado en el proceso como acusación particular.
