Las demandas prioritarias de los empresarios asturianos a los Gobierno central y autonómico son las medidas tendentes a mejorar la educación, la formación y el desarrollo de competencias (primera exigencia a la Administración central y segunda a la regional) y la simplificación administrativa (primera petición al Principado y segunda al ejecutivo español). Por el contrario, la reclamación de mejoras de las infraestructuras cae al último lugar en las urgencias empresariales, según el informe "Perspectivas España 2018", elaborado por la consultora KPMG con la colaboración de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Según el estudio, que se elaboró a partir de encuestas realizadas durante los meses de noviembre y diciembre pasados entre empresarios y directivos empresariales, el 50% de los empresarios asturianos pide más esfuerzo en la oferta formativa y educativa al Gobierno central y el 56% reclama lo mismo al Principado. Esta demanda al Gobierno asturiano sólo la supera la petición de simplificación administrativa para suprimir trámites burocráticos, que es reclamada por el 58% de los encuestados. Esta demanda también figura, en el 47% de los casos, en las peticiones al ejecutivo nacional.

La mitad de los responsables de empresas asturianas desean un mayor apoyo del Gobierno autonómico al fomento de la innovación, el 47% desea que se haga una reforma fiscal y una proporción análoga pide al Principado la mejora de las infraestructuras.

Esta última aspiración (reclamación de obra pública en comunicaciones y otros tipos de equipamientos) ocupa el sexto lugar en las reivindicaciones a la comunidad autónoma y desaparece de los grandes objetivos en las solicitudes a la Administración central del Estado.

Al Gobierno nacional, los empresarios asturianos sí le piden (44% de los casos) una reforma de las cotizaciones sociales (Asturias es la región en la que más se repite esta aspiración), reforma fiscal (42%) y fomento de la innovación (36%).

La marcha del Reino Unido de la UE inquieta menos a las empresas asturianas que al conjunto de las españolas porque el grado de exposición de las empresas es menor en el Principado (16%) que en el España (46%), aunque la salida de Londres (contribuyente neto) amenaza los fondos de cohesión y agrícolas. Sí se teme que restrinja la circulación de personas.