04 de mayo de 2018
04.05.2018
Vuelco en los procedimientos de licitación pública

El Principado protege a las empresas de la región en los contratos de obra pública

La oferta más barata dejará de primar y tanto las adjudicatarias como las subcontratas deberán cumplir el convenio colectivo del sector

04.05.2018 | 08:09
El Principado protege a las empresas de la región en los contratos de obra pública

El Gobierno del Principado protegerá a las empresas asturianas a la hora de adjudicar contratos públicos, especialmente obras. La fórmula es la incorporación de una normativa con cláusulas sociales, laborales, medioambientales y éticas que serán de obligado cumplimiento para las empresas que se presenten a una licitación de obras, servicios o adquisición de bienes. Entre otras cosas, obligará a cumplir con el convenio colectivo del sector donde opere la empresa, tanto en el caso del contratista principal como en el del subcontratista.

Esta medida responde a una antigua reivindicación de los empresarios asturianos, y especialmente de la construcción, que durante los años de crisis veían cómo las obras públicas en Asturias se las llevaban compañías de otras comunidades autónomas, con convenios colectivos muy inferiores al asturiano y que se veían beneficiadas porque el único criterio para la adjudicación era la oferta más barata. La patronal del sector, CAC-Asprocon, denunció que las bajas temerarias llegaron en ocasiones a superar el 50%, lo que hacía que se incumplieran los requisitos mínimos de calidad y que se produjera una concatenación de subcontrataciones que impedían incluso el control eficiente de los trabajos e incluso el abandono del proyecto.

El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, explicó que las instrucciones y la guía práctica aprobadas ayer suponen, por un lado, cumplir con el compromiso alcanzado en el pacto de concertación, y por otro, contribuir a "un beneficio social añadido" desde la Administración regional.

Las empresas que opten a un contrato público en Asturias tendrá que incluir en su propuesta una serie de requisitos en las distintas fases de la tramitación. Por ejemplo, en la fase de preparación, el presupuesto base de licitación deberá reflejar, por géneros y categorías profesionales, los costes salariales estimados según el convenio colectivo del sector, siempre que ese coste forme parte del precio total del contrato.

Además, los pliegos de las cláusulas administrativas particulares tendrán que hacer referencia a la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones retributivas de los empleados, según lo dispuesto en el convenio sectorial de aplicación.

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