Agentes de la Policía Judicial entraron ayer en la sede de la compañía Duro Felguera en Gijón y recabaron documentación y material informático en el curso de las investigaciones que sigue la Audiencia Nacional sobre el supuesto pago de sobornos por la compañía a expolíticos chavistas y funcionarios venezolanos entre 2008 y 2013 para lograr la adjudicación del proyecto de construcción de la central térmica de ciclo combinado de Termocentro, que fue contratada a la ingeniería asturiana en 2009.
La empresa y sus dos anteriores presidentes, Juan Carlos Torres y Ángel del Valle, que están investigados por esta causa, mantuvieron desde la apertura del caso, en 2015, y tanto ante la fiscalía anticorrupción como ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el correcto proceder del grupo.
Fuentes oficiales de Duro Felguera indicaron ayer que la "inspección" realizada por los agentes policiales en su sede gijonesa forma "parte de las actuaciones derivadas de la querella" de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y que las indagaciones tuvieron como finalidad "comprobar los hechos objeto de dicha querella".
Los agentes policiales se reunieron con directivos y reclamaron documentación sobre pagos, contratos y otros actos mercantiles. La Policía, que llegó por la mañana y continuaba en el interior del edificio avanzada la tarde, recabó información a personal de los departamentos jurídico, informático y financiero, según testimonios. Los agentes actuaron de paisano, permanecieron reunidos con personal y analizando documentación en una sala durante gran parte del día y a algún directivo se le prohibió hacer uso de su ordenador mientras se practicaba la inspección. El operativo desplegado fue discreto, aseguraron testigos, aunque causó inquietud entre los trabajadores, agravada por las difíciles circunstancias financieras por las que atraviesa el grupo. La Audiencia Nacional, consultada sobre la operación, no aportó información.
La fiscalía acusa a Duro de haber pagado comisiones ilegales en Venezuela por un importe de 105,6 millones de dólares (unos 88,8 millones de euros actuales) entre 2008 y 2013 para la consecución de la obra de construcción de la central térmica de ciclo combinado de Termocentro, que le fue adjudicada en 2009 por 1.500 millones de euros.
Duro reiteró ayer su convicción de que "no existe responsabilidad por los hechos objeto de la investigación" y que así se deriva también de un informe encargado a una consultora independiente y que incorpora el dictamen del auditor.
El informe, realizado por la consultora Grant Thornton a petición del despacho jurídico Simmons & Simmons, concluye que "no hay evidencia ni indicio ni constancia" de que en Duro se hayan "autorizado", "conocido" o "consentido" "ventajas o beneficios indebidos en favor de autoridades o funcionarios públicos de Venezuela para corromperles". La empresa afirmó el 14 de marzo a la CNMV que sus prácticas en Venezuela están "dentro de parámetros comerciales y legales normales".
La querella de la fiscalía se dirige también contra cinco personas venezolanas y dos sociedades controladas por tres de ellos. Todos los investigados declararon ante el juez, con la salvedad de Javier Alvarado, ex viceministro de Desarrollo Eléctrico en el Gobierno de Hugo Chávez, quien recurrió la negativa judicial a que pudiera hacerlo por vía telemática. El recurso está sin resolver.
Con datos hasta junio, Venezuela adeuda a Duro Felguera 99 millones más intereses por la obra de Termocentro.
