Madrid / Oviedo, Agencias
El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela ha aplazado pronunciarse sobre la recusación que Baltasar Garzón presentó contra él la pasada semana en la causa por la investigación de los crímenes franquistas.
Varias asociaciones de la memoria histórica ratificaron por su parte la querella por prevaricación presentada en marzo contra el presidente de la Sala de lo Penal Juan Saavedra por dictar resoluciones en la causa contra Garzón después de haber pedido éstas su recusación.
Los querellantes acusan a Saavedra de haber deliberado y adoptado más de diez resoluciones después de que fuera recusado el pasado 18 de junio y aseguran que éste ha retrasado durante más de ocho meses la tramitación del incidente de recusación.
La semana pasada, la Sala del 61 rechazó tramitar la recusación de Saavedra y de los otros cuatro magistrados que formaban la sala que admitió la querella por prevaricación contra Garzón por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo: Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.
También se retrasa una semana la comparecencia del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que declarará como testigo en la causa contra Garzón por los cobros supuestamente recibidos de esta entidad durante su estancia en la Universidad de Nueva York el 19 de mayo y no el 12, como se había acordado inicialmente.
El magistrado instructor, Manuel Marchena, ha pedido a la Policía que averigüe si dos empleados del centro Rey Juan Carlos I que no comparecieron como testigos tienen residencia en España, informa la agencia «Efe».
Así consta en una providencia dictada por el magistrado fechada el mismo día -el 21 de abril- en que había citado a declarar como testigos a una funcionaria judicial que acompañó a Garzón a Nueva York, María del Mar Bernabé; a la subdirectora del centro Rey Juan Carlos I, Laura Turégano, y al ex director de este organismo, James D. Fernández.
Por último, dos de los tres diputados de Izquierda Socialista tomaron la palabra durante la habitual reunión de los martes del grupo para reivindicar la necesidad de retocar la ley de Memoria Histórica, según explicaron a «Europa Press» fuentes de esta corriente interna del PSOE.
