Madrid, Agencias

La reactivación por el Gobierno del impuesto sobre el patrimonio, prevista para este viernes, sigue convertida en el eje polémico de la precampaña electoral. En un argumentario interno, el PP sostiene desde ayer que los grandes patrimonios tributan mediante el impuesto de sociedades «y no pagarán este impuesto». Por esta razón, los populares consideran que «el impuesto de patrimonio castiga al que ahorra y premia al que no ahorra. Supone gravar dos veces por el mero hecho de trabajar y de ahorrar».

En esta línea, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, retó ayer al candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, a que explique por qué el impuesto de patrimonio, que antes le parecía «inútil, injusto, obsoleto y absurdo», es ahora «justo».

Sáenz de Santamaría, en conferencia de prensa en el Congreso, subrayó que su partido, no obstante, quiere esperar a que el decreto sobre la recuperación de esta figura fiscal se publique en el BOE para opinar sobre su contenido, especialmente en lo que tenga que ver con el mínimo exento a partir del cual el impuesto se aplicaría, listón que dará la medida de hasta dónde el impuesto afectará o no a las llamadas clases medias.

Preguntada por si las comunidades autónomas del PP, la mayoría, se negarán a recaudar el impuesto, la portavoz popular eludió concretar. Hasta el momento sólo Extremadura se ha mostrado dispuesta a cobrar un impuesto por el que, desde su congelación en 2008, las comunidades autónomas reciben como compensación unos 2.000 millones de euros anuales.

Desde el PSOE, el candidato Rubalcaba reprochó al líder del PP, Mariano Rajoy, que su partido «no tocara» el impuesto sobre el patrimonio en los ocho años que gobernó (1996-2004) y, por el contrario, recaudase con él «bastante dinerito».

A los populares «no les debía de parecer» que dicho impuesto «perseguía a los ahorradores», como proclaman ahora, dijo Rubalcaba, quien por otra parte advirtió a las comunidades autónomas que han anunciado que no quieren cobrarlo que dejarán de percibir la compensación que les daba el Estado.

Al margen de los habituales rifirrafes preelectorales, el PP advirtió por la tarde de que estará atento al contenido del posible decreto ley de este viernes, puesto que podría incurrir en inconstitucionalidad.

Según varias fuentes populares, si el Gobierno saca adelante un impuesto de patrimonio diferente del que suspendió en 2008 no podrá hacerlo por la vía de un decreto ley, como pretende, sino que tendrá que recurrir a una ley.

Entre tanto, las reacciones autonómicas siguen produciéndose. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, avaló ayer la posibilidad de gravar a las rentas más altas teniendo en cuenta el contexto de crisis y los recortes presupuestarios, aunque resaltó que Cataluña debe priorizar la lucha contra el déficit fiscal.

Así se pronunció Homs en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, después de que el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya se mostrara el lunes a favor de abrir este debate e insistiera en que ya se está planteando en otros países de Europa.

«Si se trata de gravar grandes fortunas, pongámonos de acuerdo en qué significa; si se trata de gravar rentas muy altas, no lo vemos mal. Es un gesto que se hace en otros países de Europa, pero el tema central es un déficit fiscal que tenemos que corregir», aseguró Homs.

Una voz muy diferente llegó desde Canarias, la de su presidente, Paulino Rivero (CC), quien aseguró que el debate sobre el impuesto «es ficticio» en el seno del PP porque mientras el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, defiende su recuperación, el líder del PP, Mariano Rajoy, se ha mostrado contrario a la misma.