Oviedo / Madrid
La fragmentación del mapa municipal español es una de las deficiencias en la articulación del Estado sacadas con hiriente claridad a la luz por la actual crisis de la deuda soberana y su fúnebre cortejo de recortes de gastos. Números cantan. España es país de municipios, no ya pequeños sino, a menudo, mínimos: de los 8.116 constituidos en la actualidad, 5.824 cuentan con una población inferior a los 2.000 habitantes.
En esas condiciones, y frente a la propuesta del Ejecutivo de cambiar la Ley de Bases de Régimen local, el PSOE tiene ultimada una proposición de ley para la reforma de la legislación relativa al gobierno y a la Administración Local.
El secretario de Ciudades y de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, anunció ayer la voluntad de su partido de no registrar todavía esta iniciativa en el Congreso de los Diputados para que, de este modo, el texto pueda servir de base de discusión y punto de encuentro entre las fuerzas políticas, el Gobierno y la FEMP. Para los socialistas, los objetivos que han de inspirar la reforma de la administración local -autonomía, subsidiariedad y garantía de prestación de servicios locales de calidad al menor coste y con independencia del territorio de residencia- no se pueden conseguir si no se articula un sistema local que haga homogéneos a los municipios.
Precisa el PSOE que tampoco logrará esos objetivos una mayoría de municipios sin la ayuda de las diputaciones provinciales y de otras entidades locales que, en función de los intereses y características de los territorios, puedan crear las autonomías (comarcas, áreas metropolitanas), así como de entidades intermunicipales como las mancomunidades.
Estos entes, agregan los socialistas, deben modernizarse y dirigir sus esfuerzos a facilitar servicios públicos de calidad en los municipios «que han sido desde siempre sus destinatarios naturales»: los de menor población y medios.
