La ley que regula en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca es incompatible con las normas europeas de protección de los consumidores, según un dictamen hecho público por la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) Juliane Kokott.
La letrada considera que la regulación procesal española no protege al consumidor contra cláusulas abusivas en el contrato hipotecario, al permitir la pérdida de la propiedad y el desalojo antes de que éste pueda ejercitar una acción por daños y perjuicios. Este dictamen responde a una consulta de un Juzgado mercantil de Barcelona, ante el que un ciudadano presentó en enero de 2011 una demanda contra CatalunyaCaixa tras ser expulsado de su vivienda.
Según Kokott, esa regulación española es «incompatible» con la directiva europea 93/13 sobre cláusulas contractuales abusivas, que establece que las de ese tipo que figuren en un contrato entre un profesional y un consumidor no vinculan a este último. Aunque la ejecución forzosa de hipotecas no está regulada a escala europea y es competencia de los Estados, la abogada general considera que la legislación nacional no puede «conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva 93/13».
En el caso español, Kokott estima que la regulación procesal «menoscaba» la protección que persigue la norma comunitaria. «No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato en que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo», dictamina.
La letrada recalca que el consumidor sólo puede ejercitar una acción de daños y perjuicios con posterioridad, por lo que se incumple la directiva 93/13, que exige que disponga de un «recurso legal eficaz» para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas del préstamo y, en ese caso, detener la ejecución forzosa. Las conclusiones de la abogada habitualmente adelantan el sentido de la posterior sentencia del Tribunal.
El juez José Manuel Fernández Seijo, que llevó la ley hipotecaria al tribunal europeo, considera que el dictamen abre la puerta a que los magistrados revisen de oficio las cláusulas abusivas en los créditos y incluso a impedir el desalojo inmediato por el banco. Además, los deudores que hayan sido desahuciados podrían reclamar de forma retroactiva por las cláusulas abusivas.
El presidente del Tribunal Superior de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, destacó que la UE obligará a cambiar la normativa española y añadió que sería lógico que se forzase la suspensión de los procedimientos de desahucios iniciados. El Foro Judicial Independiente ha recomendado a los magistrados suspender todos los procesos de ejecución hipotecaria pendientes.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dijo que el Gobierno ya estudia cómo poner freno a las cláusulas abusivas en las hipotecas, una de las medidas que pretende aprobar urgentemente mediante real decreto o decreto ley si se llega a un acuerdo con el PSOE. Las negociaciones para ello arrancan el lunes.
Unos veinte «indignados» -algunos en la imagen- asaltaron ayer un supermercado Mercadona en Cubelles (Barcelona) para llevarse alimentos de primera necesidad y repartirlos entre la población necesitada. Hubo momentos de tensión cuando el encargado impidió la salida de carros llenos de comida. En Granada, el parlamentario y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), relacionado con un caso similar, se negó a declarar ante el juez que lo investiga por presuntas coacciones como piquete durante la huelga del 29 de marzo.
