El asturiano Ángel de la Fuente (Gijón, 1962), doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylvania, vive y trabaja en Cataluña como profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), es experto en balanzas fiscales territoriales, un instrumento que desde Cataluña se ha utilizado para cuestionar con insistencia que "España nos roba". De la Fuente participa hoy (11.00 horas) en la Cámara de Comercio de Oviedo en la jornada "Presente y futuro del sistema de pensiones español" que organiza la Asociación Asturiana de Empresa Familiar (AEFAS) con el patrocinio de Bankia. Sobre la situación en Cataluña y sobre el sistema de pensiones opinó ayer para LA NUEVA ESPAÑA.
- Parte del argumentario secesionista en Cataluña se apoya en un presunto trato fiscal injusto a esta comunidad. ¿Hasta qué punto lo comparte? ¿Hay o no hay expolio?
-No, no hay expolio ni nada que se le parezca. El déficit fiscal catalán, o el madrileño, se debe fundamentalmente a que los ciudadanos con rentas altas pagan más impuestos que los de rentas más bajas y reciben prestaciones similares. Lo preocupante sería que esto no fuera cierto. Por otra parte, hay que decir también que hay aspectos del reparto territorial del gasto público y de las cargas impositivas que lo financian que son mejorables, pero estamos hablando de problemas de una magnitud manejable.
- ¿Cuánto?
-Según mis cálculos, la parte de la tarta pública española que se reparte entre territorios de una forma potencialmente cuestionable, en buena parte por disfunciones del sistema de financiación autonómica, está en torno a los 10.000 millones de euros. Esto es mucho dinero, pero representa sólo un 1 por ciento del producto interior bruto (PIB) y por lo tanto deberíamos ser capaces de cambiarlo de sitio, si hace falta, sin grandes traumas.
- ¿Qué efectos fiscales tendría para Cataluña la independencia? ¿Habría ganancia económica neta?
-Hay tres efectos a considerar. En principio, Cataluña se ahorraría los recursos que ahora contribuye a la caja común española, pero tendría que hacer por su cuenta cosas que ahora hace el Estado para todos. Puesto que en muchas de estas cosas (ejército, embajadas, administración general?) hay economías de escala importantes, estos servicios le saldrían más caros que ahora, lo que reduciría los ahorros fiscales. Finalmente, habría que ver qué pasa con el PIB catalán en caso de secesión. Mi impresión es que la pérdida de renta se comería cualquier posible ahorro fiscal, con lo que el efecto neto sería negativo para Cataluña. Y también para el resto de España.
- ¿Y qué efectos fiscales tendría la independencia de Cataluña para comunidades como Asturias?
-Cataluña es contribuyente neta a las arcas del Estado. Si su aportación desaparece, las comunidades como la asturiana que son receptoras netas tendrán que apañarse con menos recursos y/o otras comunidades relativamente ricas tendrán que aportar más recursos.
- ¿El movimiento de sede de empresas catalanas se ha convertido en el freno más eficaz al independentismo?
-No sé si en el más eficaz pero ciertamente están siendo una advertencia importante. La experiencia de estas últimas semanas ha dejado claro que la independencia no sería indolora.
- Con el tema de la Cataluña la revisión del sistema de financiación autonómica ha quedado en segundo plano. ¿Quedará aplazado a la espera de una reforma constitucional?
-Habrá que ver. El sistema necesita una revisión y cuanto antes se haga mejor. Sería mejor que la Generalitat participase en el proceso, pero no sé si éste se puede aplazar indefinidamente mientras la esperamos. En cuanto a la reforma constitucional, una cosa es abrirla y otra cerrarla. Sospecho que no será un proceso fácil ni rápido.
- La excepcionalidad fiscal del País Vasco y Navarra, ¿urge modificarla o sería abrir una nueva caja de truenos?
-Con la situación política actual, parece muy improbable que se abra ese melón en serio, pero alguna vez habrá que hacerlo. El problema fundamental no es el régimen de concierto o convenio per se, sino el cálculo del cupo y la aportación. Eso se podría arreglar sin tocar una coma de las normas actuales.
- El actual sistema de revalorización de las pensiones condena a los pensionistas a la pérdida de poder adquisitivo ¿es sostenible?
-Con la normativa actual, la tasa de revalorización de las pensiones se mantendrá en un 0,25% anual mientras continúe la actual situación de desequilibrio entre ingresos y gastos del sistema. Si la inflación repunta y vuelve a niveles más normales, efectivamente, los pensionistas perderán poder adquisitivo. Mantener una situación así durante un período largo sería políticamente muy complicado. Pero tampoco hay un margen muy grande para eliminar ese tope, que funciona como una especie de piloto automático que impide que el déficit del sistema público de pensiones se dispare hasta niveles insostenibles. Hay que decir también que las pensiones iniciales españolas son bastante más altas en relación a lo que cotizamos que las que ofrecen otros países. Quizás haya que pensar en bajar las pensiones iniciales a cambio de blindarlas al menos parcialmente contra la inflación.
- ¿Qué alternativas plantearía para ese sistema y cómo se pueden financiar?
-No hay soluciones mágicas o indoloras. Según nuestros cálculos, revertir las dos últimas reformas para volver a la jubilación a los 65 años con las reglas anteriores de cálculo de la pensión y con indexación universal al IPC tendría un coste enorme, de más de cinco puntos del PIB en promedio durante los próximos cuarenta años.
- Es lo que están demandando al Gobierno los sindicatos mayoritarios...
-Para pagarlo, tendríamos que subir el IRPF de todos los españoles, incluyendo los pensionistas, en un 70 por ciento. Por lo tanto, esa no es una opción realista. Para lo que sí hay margen es para retoques del sistema que alivien los efectos más dolorosos de estas reformas.
- ¿Cuales?
-Aparte de lo ya dicho, por ejemplo, se podrían blindar las pensiones mínimas a un coste asumible. También habría que pensar en ir retrasando la edad de jubilación con el aumento de la esperanza de vida. Otras opciones a contemplar serían pequeñas subidas en los tipos de cotización y en los topes máximos de las bases y la introducción de algún límite a la pérdida acumulada de poder adquisitivo a lo largo de la vida del pensionista.
- La preocupación por el futuro de las pensiones, incluso con marchas a pie a Madrid desde diferentes puntos de España como Asturias, ¿está justificada?
-Sólo hasta cierto punto. Las pensiones públicas no corren peligro y se prevé que su importe medio básicamente se mantenga constante en términos reales durante los próximos 15-20 años y luego comience a crecer a buen ritmo una vez la pirámide de población española empiece a normalizarse. Pero sí existe el riesgo del que hablábamos, de una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones una vez concedidas que podría llegar a ser muy significativa para muchas personas.
- ¿Se puede permitir España una prórroga presupuestaria en 2018?
-Sí. No es la situación ideal, pero tampoco sería un problema grave.
